Las instituciones particulares de educación solicitaron al Gobierno Federal que a través de la Comisión Nacional de Normalización se cancele el Proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020”, porque durante el proceso de consulta pública los actores ofrecieron argumentos y pruebas de la inexistencia de materia jurídica para su construcción, además de que su sola consumación significaría el cierre de 10% de las escuelas particulares en el país, las cuales no estrían en condiciones de soportar esta sobre regulación, advirtieron las representaciones de las escuelas particulares.
“Nos quiere imponer una NOM que implicará no sólo una mayor sobre regulación, invasión de facultades intersecretariales y violación al Estado de Derecho, sino un perjuicio mayor a la economía de las escuelas y de los padres de familia; significaría el cierre inmediato de 10% de las instituciones particulares de educación y el incremento de hasta 15% en las colegiaturas”, destacaron.
Aseguraron que esta NOM tiene un carácter comercial, porque estaría bajo la jurisdicción de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), representaría para los padres de familia el incremento de hasta 15% en el costo de las colegiaturas y la desaparición de opciones para la educación de sus hijos.
La representante de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (Aneppi), María del Pilar Martínez Aragón, subrayó que la Secretaría de Economía a través de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia que dirige Jesús Cantú Elizondo, y sobre todo del director General de Normas, Alfonso Guati Rojo, están construyendo una NOM que, de aprobarse, generará una mayor sobre regulación en la escuela particular, afectando directamente a los padres de familia en medio de la coyuntura económica que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia de COVID19.
Además, denunció que hubo discriminación en contra de la red de instituciones particulares de educación porque en la alerta sanitaria se les consideró como industria, porque se instruyó que no podían disminuir los costos de nómina, mientras que a otras áreas si se les permitió, y a pesar de que bajó el número de alumnos, sus costos de operación continuaron siendo los mismos.
“Nos cobraron todos los impuestos y las aportaciones al IMSS, sin ningún tipo de descuentos ni plazos que nos permitieran enfrentar de mejor forma el flujo de caja, lo que resultó en la desaparición de un número aún indeterminado de escuelas en ciclo anterior y otras que ya dejaron de dar servicio en el que acaba de iniciar”, dijo.
Además, agregó, la integrante del consejo directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), Itzel Carmona, se deben contemplar los costos administrativos y operativos que se generarán por la certificación de un nuevo proceso de carácter comercial, cuando la educación es un derecho humano, y el costo de evaluación de la conformidad en los casos de verificación.
