Latam, ¿la región más cara para las multinacionales?

México se posiciona como el segundo país más complejo, con base en el costo y el tiempo

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 .  (Foto: Cortesía IMSS)

Los altos niveles de burocracia y la lenta adopción de procesos digitalizados en toda América Latina (LATAM) son algunas de las razones clave por las que la región es una de las jurisdicciones más caras y complejas para que operen las multinacionales, de acuerdo con los datos recopilados por Mercator® por Citco (Mercator), en su Informe Especial LATAM Entity Portfolio Management (EPM).

La firma indicó que operar en Latinoamérica es, en promedio, un 31% más costoso que en Europa (la región más económica) y un 65% más lento que en Norteamérica (la región más rápida). 

“Los retos a los que se enfrentan las multinacionales se deben a la complejidad de los requisitos formales dentro de las jurisdicciones de LATAM, la segmentación de las autoridades locales, las importantes obligaciones de traducción y la necesidad de una presencia local, lo cual conlleva costos significativos. La digitalización es otro obstáculo importante; América Latina está muy por detrás de Europa y Asia en lo que respecta a la unificación y simplificación de los procesos de gobierno corporativo”, advirtió.

Detalló que, por jurisdicciones, Panamá se perfila como el lugar más favorable para establecer y mantener entidades en 2023, teniendo en cuenta el costo total y el tiempo necesario para gestionarlas; le siguen Ecuador y las Islas Caimán. Las Islas Vírgenes Británicas y Ecuador son las jurisdicciones más económicas y rápidas, respectivamente. Por el contrario, El Salvador y Guatemala se sitúan como las jurisdicciones más caras y lentas, respectivamente, y México como la tercera jurisdicción más lenta y cara.

En ese sentido, México se sitúa como la jurisdicción con el mayor número de actividades, superando incluso a Brasil; pero también es el segundo país más complejo en general para establecer entidades en LATAM si se sopesan tanto el costo como el tiempo necesarios para completar las actividades.

Al considerar el tiempo necesario para completar las tareas reglamentarias en las jurisdicciones de Latinoamérica, en México, las multinacionales tardan un 925% más que en la jurisdicción más rápida, Ecuador, debido a obstáculos como el largo proceso de registro que en algunos casos puede prolongarse varios meses. 

“Esto se debe a que en LATAM normalmente los registros deben presentarse físicamente y ser aprobados, o los documentos son revisados manualmente y con gran detalle por las autoridades competentes. Además, se producen retrasos y no se da a conocer fácilmente la persona asignada para la solicitud, lo que hace más complicado dar seguimiento con las autoridades para obtener una actualización”, explicó. 

En cuanto al costo de las actividades reguladoras en las jurisdicciones de América Latina, en México es un 102% más caro llevar a cabo actividades ad hoc que en la jurisdicción donde es más económico, Ecuador. Esto se debe, entre otras razones, al hecho de que México cuenta con diversos estados, cada uno con procedimientos diferentes y administrados por autoridades distintas, lo que significa que se requieren múltiples solicitudes sólo para un cambio, derivando en un sobrecosto.

Si bien México ofrece numerosas oportunidades para las empresas internacionales, aquellas que decidan operar y mantener entidades en esta jurisdicción deben ser conscientes de la complejidad y la necesidad de contar con profundos conocimientos locales para operar con efectividad.

Al respecto, Kariem Abdellatif, head de Mercator, declaró que México ha sido identificado globalmente como uno de los principales mercados emergentes del mundo con un fuerte potencial de crecimiento para los inversores. Los precios de los servicios legales son, por tanto, más elevados y están más alineados con los de países de desarrollo similar, en comparación con las economías más pequeñas de LATAM.

“Es vital que las multinacionales conozcan los matices y complejidades de toda la región para mantenerse al tanto de las obligaciones normativas y de cumplimiento locales. Quienes no lo consigan, ponen en riesgo su reputación y se enfrentan a posibles multas”, sentenció.