Ejemplos de iniciativas de otros países para combatir el
fraude bancario

“Mientras la infraestructura digital progresa en Latinoamérica con el avance de la inclusión financiera, el emprendimiento y las oportunidades económicas, lamentablemente los fraudes también lo hacen", comentó Luis Silvestre, Domain Pre Sales-Principal Consultant, Global Domain PreSales de dicha compañía.

Detalló que en Brasil, por ejemplo, las pérdidas por fraudes bancarios superaron los $10,100 millones de reales en los últimos dos años, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el período anterior, según datos de Febraban.

Mientras que en Chile, el 42% de los consumidores afirman haber sido víctimas o haber enfrentado intentos de fraude en operaciones digitales, de acuerdo con la Comisión para el Mercado Financiero.

En Colombia, por su parte, el 68% de los fraudes son de tipo electrónico, reflejando una migración delictiva hacia canales digitales, según Asobancaria, y en México, hay menos consumidores de servicios bancarios satisfechos con el proceso de resolución de fraudes de su banco, que en la mayoría de los demás países que participaron en la Encuesta del Impacto de Estafas 2024 Capítulo México, de FICO.

Falta de atención, uno de los principales problemas de México 

Continuando con el caso de México, el especialista enfatizó que la falta de atención a estos problemas se perciben erróneamente como admisibles, debido a que la crisis y el costo de vida han aumentado. 

Sin embargo, para que los bancos puedan luchar contra el fraude, necesitan “contar con análisis más avanzados y sistemas impulsados por IA, para permitir la modernización de las tecnologías heredadas que utilizan para guiar sus decisiones de negocio”, de acuerdo con Luis Silvestre. Además, el experto también hizo hincapié en que las instituciones financieras deben tener en cuenta las regulaciones existentes.

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Reino Unido

El PSR (o Regulador de Sistemas de Pago) de Reino Unido lanzó su Informe de Desempeño de Fraudes en Pagos Autorizados por Impulso, anunciando su Propuesta de Responsabilidad 50/50, que cuenta con 4 acciones esenciales:

1. Los costos de reembolso se repartirán equitativamente entre las instituciones financieras y las receptoras.

2. Los usuarios o clientes contarán con medidas de seguridad y recibirán sus reembolsos dentro de los primeros cinco días hábiles. Por otro lado, los usuarios más vulnerables recibirán protección complementaria.

3. Las entidades deberán seguir normativas más precisas, como aplicar un monto deducible a las quejas y establecer una cantidad límite de devolución.

4. Las actualizaciones sobre los pagos fraudulentos y reembolsos de estafas seguirán siendo notificadas por el PSR, con el fin de poner en claro cuáles son las instituciones que los realizan.

Si bien la iniciativa pretende que los bancos inviertan en infraestructura para evitar fraudes, 

su publicación tuvo reacciones mezcladas debido a todo lo que podría salir mal. La información extraída mediante el intercambio de datos, podría generar que esta, a la vez se use para dejar en evidencia todo lo relacionado con reembolsos por estafas y de esta manera dañar la reputación de las instituciones financieras, lo que eventualmente llevaría a que los clientes se cambien de banco.

De igual manera, la obligatoriedad de las devoluciones puede llevar a que existan personas que afirmen haber sido estafados para engañar a las entidades y a todo el sistema.

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Singapur

En el Marco de Responsabilidad Compartida (SRF, por sus siglas en inglés), La Autoridad de Desarrollo de Medios de Infocomunicación (MDA) y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), apoyaron la idea de un ecosistema más integrado, distribuyendo entre instituciones financieras y los operadores de telecomunicaciones la responsabilidad por las pérdidas derivadas de estafas entre bancos, operadores de telecomunicaciones y consumidores. 

La propuesta sugiere que las entidades eleven su nivel de responsabilidad y de protección al consumidor, teniendo la obligación de financiar a las víctimas de estafa si se descubre que los entes no han cumplido con sus normas de protección, designadas por el SRF. 

Estas son las medidas que los bancos deberán seguir:

1. Otorgar un periodo de gracia al activar el token de seguridad digital de 12 horas, durante el cual no se pueden hacer actividades que se clasifican como de alto riesgo.

2. Notificar cuando se pueda activar dicho token, para después realizar las actividades previamente mencionadas.

3. Alertar cuando haya transacciones salientes.

4. Contar con un canal de atención 24/7, que tenga la función de autoservicio, para levantar informes e impedir los accesos no autorizados a cuentas.

Por otro lado, las empresas de telecomunicaciones tienen que:

1. Utilizar únicamente agregadores que tienen permitida la entrega de SMS con identificador, para asegurar que el remitente está debidamente registrado.

2. Obstaculizar la entrada de los SMS de remitentes que no provienen de estos agregadores.

3. Llevar a cabo una inspección para bloquear los hipervínculos de phishing.

De acuerdo con FICO, se piensa que estas medidas, eventualmente se implementen también dentro de los proveedores de redes sociales, ya que la mayoría de las estafas a nivel internacional tienen su origen ahí. La compañía aborda también la cuestión y el temor sobre si estas acciones realmente servirán como defensa de las víctimas en esta era donde predomina la IA y la duda sobre qué es verdadero y qué no.

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Australia

La Asociación Bancaria Australiana (ABA) y la Asociación Bancaria Propiedad del Cliente (COBA), según lo indica Luis Silvestre, dirigieron en conjunto una iniciativa integral llamada Scam-Safe, que muestran cómo las instituciones financieras del país se comprometen con el objetivo de luchar con eficacia contra el fraude y enaltecer el nivel de defensa hacia los usuarios.

Silvestre agregó que el acuerdo consiste en detectar, interrumpir y responder ante amenazas de estafa que se encuentran en constante evolución. También indicó que el sistema de regulación australiano ha invertido $100 millones de dólares en un programa de confirmación de beneficiarios para toda la industria financiera. 

El especialista comentó que también se toman medidas como controles con datos biométricos para nuevas cuentas online, avisos optimizados, retrasos para nuevos beneficiarios y aumentos en los límites de pago.

Todo esto tiene como propósito prevenir el fraude, pero también recuperar fondos para los clientes. Sin embargo, estas iniciativas se pueden extrapolar a otras industrias para eventualmente lograr la eliminación de sitios web engañosos.

Silvestre concluyó diciendo que, “al analizar estas posiciones, es interesante observar los enfoques que cada uno ha seguido para combatir el fraude financiero; todos tienen pros y contras por resolver, por supuesto, pero sin duda brindan lecciones valiosas, centrándose generar entendimiento sobre la evolución del fraude para fortalecer la prevención e infundir confianza en los consumidores. Los países de América Latina deberán aprender de estas propuestas y adaptarlas a la realidad que impera en la región para implementar las estrategias que apliquen a sus ecosistemas financieros y a su base de consumidores únicos”.