La confianza ciudadana en las instituciones públicas suele aumentar conforme crece el nivel educativo de la población. Así ocurre en la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde las personas con estudios de postsecundaria o bachillerato en adelante reportan mayores niveles de confianza en sus gobiernos, frente a quienes cuentan con menor escolaridad.
Sin embargo, México aparece como una de las principales excepciones. De acuerdo con el estudio OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results, los mexicanos con menor nivel educativo muestran una mayor confianza en el gobierno federal que aquellas con estudios superiores.
ÚNETE A IDC en nuestro canal de Whatsapp
¿Por qué México rompe la tendencia de la OCDE sobre educación y confianza?
México figura como una de las excepciones del estudio. Mientras en la mayoría de los países analizados la confianza en el gobierno aumenta conforme se eleva el nivel educativo, en México ocurre lo contrario. Cerca del 65% de las personas con menor nivel educativo manifestó tener una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno fedral, frente al 47% de quienes tienen educación superior, lo que representa una diferencia de 18 puntos porcentuales.
En sentido opuesto, países como Suiza presentan una brecha de 35 puntos porcentuales, mientras que Portugal y el Reino Unido registran diferencias de 31 puntos, todas ellas a favor de la población con mayor nivel educativo.
La OCDE advierte que la confianza institucional no depende de un solo elemento. Factores como la percepción sobre el desempeño gubernamental, la integridad de las instituciones, la situación económica de los hogares, la afinidad política y la posibilidad de influir en las decisiones públicas pueden modificar significativamente la forma en que la ciudadanía evalúa a sus gobiernos.
Asimismo, la OCDE explica que las personas con mayor escolaridad suelen contar con mejores ingresos, mayor estabilidad laboral y más herramientas para comprender el funcionamiento de las instituciones públicas, lo que generalmente favorece una percepción más positiva del Estado.
De la misma forma, quienes poseen estudios superiores suelen participar con mayor frecuencia en actividades cívicas, mantienen un mayor interés por los asuntos públicos y cuentan con más oportunidades para hacer valer sus derechos, elementos que fortalecen la confianza institucional.
En contraste, las personas con menor nivel educativo suelen enfrentar condiciones económicas más vulnerables, menor acceso a servicios públicos de calidad y una percepción más limitada sobre su capacidad para influir en las decisiones gubernamentales, factores que normalmente reducen la confianza en las instituciones.
Por ello, el comportamiento observado en México resulta relevante al compararlo con otros países miembros que muestran una relación positiva entre mayor educación y confianza.
Accede a herramientas premium y lleva tu actualización profesional al siguiente nivel. [Conoce todo lo que incluye nuestra membresía y únete hoy].
¿Qué relación tienen los programas sociales con la confianza en el gobierno?
Uno de los elementos que puede ayudar a contextualizar el caso mexicano es el crecimiento de las transferencias que reciben los hogares, particularmente aquellas relacionadas con jubilaciones, pensiones, becas, donativos y beneficios provenientes de programas gubernamentales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el ingreso corriente promedio mensual por hogar fue de 25,955 pesos, lo que representó un incremento real de 10.6% respecto de 2022.
Ese ingreso se integró principalmente por el trabajo, que aportó 17,033 pesos mensuales, equivalentes al 65.6% del ingreso corriente. Sin embargo, las transferencias representaron el segundo componente más relevante, con 4,600 pesos mensuales, es decir, 17.7% del ingreso corriente promedio de los hogares.
Dentro de las transferencias, los beneficios provenientes de programas gubernamentales registraron uno de los mayores crecimientos. Según el INEGI, pasaron de 413 pesos mensuales en 2016 a 833 pesos en 2024, un aumento real de 101% en ocho años.
También crecieron las jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario, que pasaron de 1,561 pesos mensuales en 2016 a 2,081 pesos en 2024, lo que implicó un incremento de 33.4%.
Estos datos son relevantes porque muestran que una parte del ingreso de los hogares mexicanos depende cada vez más de transferencias regulares enmarcadas en apoyos gubernamentales a sectores de menores ingresos, personas adultas mayores, estudiantes y otros grupos vulnerables.
Aunque la OCDE no concluye que los programas sociales expliquen directamente el mayor nivel de confianza entre personas con menor escolaridad, sí reconoce que la situación económica de los hogares y la percepción sobre el desempeño del gobierno influyen en la confianza institucional.
A ello se suma la política de incrementos sostenidos al salario mínimo, que también forma parte del proyecto económico del gobierno federal. Para sectores con menores ingresos, estas medidas pueden tener un efecto directo en la economía cotidiana y, por tanto, en la percepción sobre el papel del Estado.
¿Cómo influyen la participación política y la afinidad partidista en la confianza ciudadana?
Además de los factores económicos, la OCDE identifica variables políticas que tienen una relación estrecha con la confianza institucional. Una de las más importantes es la llamada agencia política, es decir, la percepción que tienen las personas para influir en lo que hace el gobierno.
El informe señala que las personas que sienten que tienen voz en las decisiones públicas suelen mostrar niveles de confianza mucho más altos frente aquellos que consideran que el sistema político no las escucha.
En México, este factor puede relacionarse con el discurso de participación ciudadana que el gobierno federal impulsó durante los últimos años mediante consultas populares, ejercicios de revocación de mandato y la elección de integrantes del Poder Judicial.
Este último, fue presentado por el gobierno como un ejercicio histórico de democracia directa, aunque la participación fue baja. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, participaron alrededor de 13 millones de personas, equivalentes a entre 12.57% y 13.32% de la Lista Nominal.
Pese al bajo nivel de participación, el gobierno federal calificó el proceso como exitoso y lo comparó con ejercicios anteriores, como fue la consulta popular sobre el juicio a expresidentes, en la que participó 7.1% de la Lista Nominal, y la consulta de revocación de mandato, que alcanzó 17.8% de participación.
Más allá del resultado en urnas, estos ejercicios forman parte de una narrativa política que busca transmitir la idea de que la ciudadanía participa de manera directa en decisiones que antes se concentraban en élites políticas o institucionales.
Asimismo, la OCDE también identifica la afinidad partidista como uno de los factores más fuertes para explicar la confianza en el gobierno. Las personas que votaron o votarían por el partido gobernante tienden a reportar mayores niveles de confianza que quienes apoyan a fuerzas de oposición.
En México, este elemento adquiere relevancia por la fuerza electoral de Morena. En la elección presidencial de 2024, Claudia Sheinbaum obtuvo alrededor del 60% de los votos, mientras que el partido gobernante mantuvo una amplia presencia en el Congreso, gobiernos estatales y espacios locales.
A ello se suma la alta aprobación presidencial en donde diversas encuestas ubican a la presidenta con niveles de respaldo superiores al 70%, lo que refuerza la conexión entre afinidad política, popularidad gubernamental y confianza institucional.
En este contexto, el mayor nivel de confianza entre personas con menor escolaridad puede estar relacionado con una combinación de factores como es la recepción directa de apoyos sociales, mejora relativa del ingreso, identificación con el discurso de "justicia social", percepción de cercanía con el gobierno y afinidad con el partido en el poder.
La OCDE subraya que la confianza institucional no debe entenderse como un indicador aislado ni como sinónimo automático de buen desempeño gubernamental. Más bien, refleja cómo las personas perciben a las instituciones a partir de su experiencia económica, política y social.
Por ello, el caso de México llama la atención frente a otras naciones, donde la confianza de la población aumenta entre quienes tienen mayor escolaridad y mejores ingresos en el hogar.
