UIF y Pemex suscriben convenio contra robo de hidrocarburos
y delitos financieros

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para el intercambio de información. El objetivo es fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos de cooperación oportunos y eficaces para el cumplimiento de sus facultades.

El convenio da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, en el que se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, además de identificar sus estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades ilegales.

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Intercambio de información entre Pemex y la UIF

Por medio del acuerdo, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable y administrativa que contribuya a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.

Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia orientados a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales. Ambas instituciones también podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.

Fortalecimiento de la política energética

En el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía, esta colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético.

Con estas acciones, la SHCP, a través de la UIF, refuerza la coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el cual aplica a los acuerdos ya firmados con otros organismos.

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