Cada año, la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), como parte del Paquete Económico, genera controversia y opiniones encontradas sobre las prioridades de egresos y la estrategia económica del gobierno. El PEF presentado en 2025, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, generó diversas reacciones en la población, principalmente porque se priorizó la inversión social y la continuidad de los programas del bienestar, aun cuando todo apuntaba a que había otras necesidades.
Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que el paquete económico mantenía una visión a corto plazo y alertó sobre la falta de sostenibilidad fiscal a futuro, destacando que el gasto dedicado a pensiones y deuda afectaría al erario y a la posibilidad de conseguir un modelo financiero redistributivo.
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) criticó los recortes en sectores clave como la salud pública y cuestionó la viabilidad de seguir inyectando grandes cantidades de capital a Petróleos Mexicanos (Pemex), argumentando que ese dinero debería destinarse a infraestructura pública diversificada y atención médica preventiva.
Sin embargo, todas estas opiniones y demandas no fueron consideradas para la nueva planeación y presentación del PEF 2027; pues, nuevamente, las iniciativas sociales son el pilar central del gasto programable.
De acuerdo con lo presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la estrategia oficial descarta la creación de nuevos impuestos o el incremento de los mismos.
Hacienda expuso que el financiamiento se obtendrá por medio de la eficiencia recaudatoria, la digitalización y la fiscalización. Es decir, planean aprovechar el cobro de gravámenes mediante auditorías más estrictas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el combate a las empresas “factureras” y mayor control en aduanas y a grandes contribuyentes, aunado a cambios en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
Analistas y agencias calificadoras (como Moody’s o Fitch) señalaron que sostener erogaciones de más de 10.6 billones de pesos, con apoyos sociales en expansión y una deuda cuyo costo de intereses es de 1.57 billones, es financieramente insostenible a largo plazo sin la creación de una Reforma Fiscal Integral.
Esta reiterada omisión a las advertencias estructurales plantea un escenario de riesgo latente. Al apostar por un modelo que prioriza el flujo de efectivo inmediato sobre la inversión estratégica y operativa, el Estado adquiere una presión financiera que, conforme pase el tiempo, comprometerá la competitividad del país y terminará por trasladar el costo de las deficiencias públicas directamente al bolsillo de la fuerza laboral y los contribuyentes.
Programas sociales lideran el gasto programable para 2027
Según los datos de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, el egreso neto total proyectado es de 10.63 billones de pesos (equivalente al 26.98 % del PIB)
El gasto programable (el que se destina directamente a proveer bienes y servicios públicos) se estima en 7.43 billones de pesos (casi el 70 % del capital total), apenas un 0.7 % por arriba de 2026.
No obstante, el sector que se lleva el 74 % de dicha cantidad es el desarrollo social con 5.38 billones de pesos, lo que representa una variación del 5.04 % respecto al año anterior. La distribución propuesta para los principales Programas del Bienestar es la siguiente:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 543,498 millones de pesos
- Programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez: 190,552 millones de pesos
- Pensión Mujeres Bienestar: 59,356 millones de pesos
- Sembrando Vida: 40,500 millones de pesos
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 37,436 millones de pesos
Por otro lado, se planteó un monto para pensiones de 2.5 billones de pesos, que equivale al 6.3 % del PIB. Las transferencias contributivas crecerían 4.7 % en términos reales debido a un aumento en los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). A pesar de los recortes en el presupuesto de Pemex y CFE, las pensiones del Bienestar
aumentarían 0.1 %.
Frente a este panorama, resulta inevitable preguntarse: ¿Hasta cuándo podrá el Estado sostener esta inyección masiva de capital sin cobrar nuevos impuestos o paralizar la operatividad del país?
Inclusive surgen otras interrogantes referentes al gran porcentaje destinado al desarrollo social, pues ese 74 % no solo representa lo que se está gastando, sino en lo que se está dejando de invertir; como en la infraestructura hídrica, la tecnología o un sistema sanitario preventivo.
Mientras el gobierno opta por seguir destinando gran cantidad de fondos a los programas sociales, la realidad que atañe al ámbito médico camina para el lado contrario; las salas de emergencia se saturan, hay desabasto de medicamentos, falta de material y ni hablar sobre el trato digno que, según el Decálogo de los Derechos Generales de los Pacientes, se merecen todos los usuarios de cualquier servicio clínico.
Crisis de salud pública se mantiene como una de las principales problemáticas
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut) informó que el 48.8 % de la población (es decir, prácticamente uno de cada dos mexicanos) acude a servicios médicos privados cuando presenta un problema, sin importar si están afiliados a la red pública. De este total, el 22.4 % asiste a consultorios independientes y un 17.7 % tiene que recurrir directamente a los Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF).
Para el ejercicio fiscal 2026, el monto aprobado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para la Función Salud fue de 1.02 billones de pesos. Esta cifra equivale a menos del 3 % del PIB y se mantiene estancada, quedando muy por debajo del 6 % mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sostener un sistema sanitario universal.
De acuerdo con el PEF 2027, para este sector se destinará una partida por un poco más de 1.07 billones de pesos (sumando IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar). Sin embargo, gran parte de este dinero ya está comprometido en el pago de nóminas y jubilaciones del propio personal médico.
Lo anterior deja un margen mínimo para la compra de equipo, construcción de nuevos hospitales o mantenimiento preventivo. Por su parte, los fondos para entregar dinero en efectivo crecerán un 5 % frente al año anterior, pero la inversión en infraestructura hospitalaria quedará estática.
Mientras las políticas sociales tienen garantizados más de 1.02 billones de pesos (con la pensión de adultos mayores absorbiendo por sí sola 543,498 millones de pesos), el capital destinado a la sanidad se mantiene en niveles preocupantes. Las constantes manifestaciones de los trabajadores del gremio, no solo del IMSS, sino también del resto de instituciones públicas, confirman las advertencias de los especialistas: repartir dinero no resuelve ni sustituye la obligación del Estado de garantizar atención operativa, universal y digna en materia de salud.
Las demandas del sector salud, independientemente del nivel e institución, son las mismas: la falta de fármacos e insumos básicos, la saturación de camas y el nulo mantenimiento a la infraestructura hospitalaria. Lo que demuestra que la planeación financiera no está respondiendo a las necesidades del país.
Asimismo, otro factor que es gravemente olvidado es el de la medicina preventiva. De acuerdo con análisis del CIEP, el Estado destina apenas entre un 2.5 % y un 3 % del presupuesto total de sanidad a programas específicos de prevención y control de enfermedades, mientras que la atención curativa absorbe más del 80 % de los recursos.
Al limitar el dinero asignado al primer nivel de atención y la detección temprana, el Gobierno asume un modelo reactivo y exponencialmente más caro; omitir la prevención obliga a las finanzas a absorber costos insostenibles. Por ejemplo, el tratamiento por enfermedades crónico degenerativas avanzadas, como hemodiálisis por afecciones renales o urgencias cardiovasculares derivadas de la diabetes, genera un impacto anual estimado en más de 100,000 millones de pesos para las arcas públicas.
Al final, esta propuesta económica termina siendo costeada por los propios ciudadanos mediante el llamado “gasto de bolsillo”. Ante una red pública saturada y con carencias, una gran parte de los apoyos, pensiones o becas termina destinándose a consultas, estudios y medicamentos que son adquiridos en farmacias privadas.
Es aquí donde el diseño del PEF 2027 muestra su mayor punto de quiebre: ¿De qué sirve asegurar un depósito bimestral si, cuando se presenta una enfermedad, el sistema sanitario nacional no tiene la capacidad material ni humana para respaldar y salvar a la población mexicana?
