Los impuestos a las grandes empresas tecnológicas o su falta de pago continúa siendo uno de los temas más controvertidos en materia fiscal para la Unión Europea. Francia ha sido de los países que más ha buscado evitar que estas compañías tributen menos de lo que les corresponde y debido a ello pretendía imponer una tasa especial para estos colosos corporativos. No obstante, pese a contar con el apoyo de Alemania, los países nórdicos junto con Irlanda, cuyos beneficios son los más aprovechados por estas empresas, bloquearon el acuerdo, indica el Mtro. Jesús Coronado, Coordinador de las áreas de Fiscal, Jurídico Corporativo y Comercio Exterior de IDC.
La imposición de una tasa tecnológica general sobre el 3 % de los ingresos digitales parece un escenario imposible por ello, los gobiernos de París y Berlín han rebajado sus pretensiones y su nueva propuesta versa únicamente sobre las compañías de publicidad, es decir, Apple, Amazon o Microsoft estarían fuera, no así los colosos del ciberespacio como Facebook y Google.
En un inicio, la Comisión Europea proponía que la tasa estuviera pactada antes de finalizar el 2018, pero ahora han extendido el plazo a tres meses más para consumar un acuerdo. El objetivo es concretarlo en marzo de 2019 para que este entre en vigor antes de enero de 2021.
El impuesto a la publicidad de Facebook y Google estaría presente en el sistema fiscal europeo hasta 2025, año en el que se espera que el sistema impositivo europeo sea más apegado a la era moderna, según la postura francogermana.
Franceses y alemanes buscan que paulatinamente sea en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde se alcance un acuerdo global que impida que las empresas evadan impuestos a través de ingeniería fiscal en paraísos fiscales. La falta de un acuerdo global es uno de los argumentos que han empleado los países opositores para no apoyar la propuesta.
Otros países han comunicado que continuarán trabajando en normatividad que solucione el problema localmente, basándose en lo negociado en la Comisión Europea. Es el caso de España que haría pagar un 3 % a las compañías que facturen 750 millones de euros a nivel global y tres millones en su territorio. Las empresas afectadas serían aquellas dedicadas a la publicidad online, los vendedores de datos y los intermediarios. En Reino Unido se tiene una propuesta similar, aunque excluye a los vendedores de datos y la base de facturación es de 572 millones de euros. Habrá que estar al pendiente de la evolución de la propuesta.
