Las reformas en materia fiscal y de pensiones que se busquen hacer en la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador deben contemplar la deducibilidad a 100% de las prestaciones laborales que hacen las empresas a sus trabajadores y revisar qué tan viable es aumentar las aportaciones de 6.5%, indicaron expertos.
Roberto Rocha, expresidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, explicó que, en el 2014, cuando entró en vigor la reforma fiscal, se limitó la deducibilidad hasta 53% en el pago de aguinaldos, primas vacacionales, horas extra, vales de despensa y gasolina, así como en fondos de ahorro y seguros de vida.
Comentó que en su momento se reunieron con los que eran representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y les expusieron que la recaudación estimada por la no deducibilidad de este tipo de prestaciones era de entre 11,000 y 13,000 millones de pesos, un monto marginal si se compara con el gasto total que tiene el país.
“Preocupa mucho que la perspectiva sea tan cortoplacista y que esa propuesta fiscal afecta las contribuciones a la seguridad social por parte de las empresas, especialmente en la sección de los planes de beneficio definido”.
Juvenal Lobato, vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, consideró que quitar las deducibilidades a 100% afectó más a la inversión y a la generación del empleo formal.
“Es un tema de fomento a la inversión, al final del día que le permitas a las empresas esa deducibilidad le genera la posibilidad de que tengan mayores ingresos para invertir (...) si permites a los empleadores deducir el pago de las prestaciones laborales, le generas la posibilidad de poder contratar a más trabajadores”, explicó.
Para el fiscalista Herbert Bettinger, lo que se hizo en la reforma del 2014 fue una verdadera injusticia y se hizo de manera arbitraria: “Fue un robo al bienestar social de las empresas y de los trabajadores (...) se rompió un acuerdo que se había logrado desde hace años, donde los trabajadores recibían estas prestaciones y las empresas deducían, fue una conquista laboral que se perdió”.
Subir aportaciones al retiro no es la mejor opción
Con respecto a la reforma en pensiones, uno de los temas que más se tendrá que considerar es el incremento de las aportaciones de 6.5%, pues si bien son bajas para obtener una buena pensión, subirlas no sólo podría afectar el ingreso de los trabajadores, sino también podría ser otro costo para las empresas y para el gobierno federal.
Lobato consideró que subir las aportaciones implicaría generar más informalidad en el mercado laboral, porque si a una empresa le va a salir más caro un trabajador formal, buscará hacerlo de manera informal.
Actualmente, las aportaciones de 6.5% se basan en el salario de cotización del trabajador y se conforman: 5.150% lo aporta el empleador, 1.125% el trabajador, y 0.225% el gobierno.
Rocha reconoció que no es un tema fácil, ya que si se decide que sea la empresa la que aporte más, tendrá un costo mayor; mientras que si se decide que sea el trabajador, podría afectar su poder adquisitivo y, si se le pide al gobierno que contribuya más, presionaría las finanzas públicas.
Bettinger coincidió en que ojalá que se pudiera aportar más, pero ni las empresas ni los trabajadores tienen el capital suficiente que permita tener capacidad para ahorrar de más. “No lo veo realista en una economía en la que estamos pasando actualmente”.
Propuestas:
- Permitir la deducción plena de prestaciones laborales, tanto las que obliga la Ley Federal del Trabajo como las de previsión social, así como las aportaciones complementarias a fondos de pensiones
- Gastos deducibles bajo el límite de ISR
- Previsión social
- Cajas de ahorro
- Fondo de ahorro
- Liquidación, finiquito y retiro
- Aguinaldo
- Horas extra
- Prima vacacional, dominical y de antigüedad
- Utilidades
- Seguro de vida
- Gastos funerarios
- Vales de despensa y gasolina
