La SHCP informó que el rubro de tratamientos fiscales especiales representa 3.7% del PIB
A causa de tratamientos fiscales especiales, el erario federal dejaría de recaudar este año 935,796 millones de pesos, monto que representa 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y es superior al del año pasado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta pérdida recaudatoria es mayor en 71,192 millones de pesos, 8.2% más a los 864,604 millones de pesos que dejó de recaudar el erario en 2018 por estos tratamientos fiscales o 3.6% del PIB.
En “Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF)” de 2019, explicó que este incremento es producto de nuevos gastos fiscales asociados a los estímulos de la región fronteriza norte del país, así como al aumento del gasto fiscal del IVA y de los estímulos asociados al IESPS del diésel.
No obstante, para 2020 la dependencia federal estima que la pérdida recaudatoria por tratamientos fiscales especiales se moderará a 879,916 millones de pesos, equivalente a 3.3% del PIB.
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El PGF comprende los montos que deja de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, en los impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.
Así, el documento que la Secretaría de Hacienda tiene que enviar al Congreso de la Unión antes del 30 de junio de cada año, contiene las estimaciones de las pérdidas recaudatorias causadas por los tratamientos que se desvían de la estructura “normal” de los impuestos federales considerando las disposiciones fiscales vigentes para cada periodo.
La dependencia encargada de las finanzas públicas del país apuntó que los montos de gastos fiscales muestran un ligero aumento, al pasar de 864,604 millones de pesos en 2018, a 935,796 millones de pesos en este año.
Expuso que este incremento de 71,192 millones de pesos o 8.2% más, es producto de nuevos gastos fiscales asociados a los estímulos de la región fronteriza norte del país, que entró en vigor en enero de 2019.
