La iniciativa que equipara la defraudación fiscal como delincuencia organizada pone a México como un país de referencia para combatir estos delitos que afectan no sólo a la estabilidad de las finanzas públicas, sino también la seguridad nacional y el Estado de Derecho, aseveró el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
“Esta reforma está causando mucho revuelo en Sudamérica porque las bandas que operaban con el esquema de facturas falsas están migrando hacia allá. He estado en contacto con autoridades de la región; quieren ver cómo se aprueba la reforma porque quieren seguir el mismo camino. Es decir, estamos siendo punta de lanza en este combate”, dijo en entrevista con El Economista.
Para el procurador, esta reforma marca un antes y un después en la historia fiscal del país, pues se implementarán acciones legales que no sólo permitirán llegar a las cabecillas de las redes que crean empresas fantasma, sino acabar con esta práctica que creció de manera desmedida, lo que ha generado daños al erario, en los últimos años, por 500,000 millones de pesos anuales.
Asegura que una vez que la iniciativa sea aprobada en la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los primeros resultados de la ley se podrían dar en cuatro o cinco meses.
Entre varios casos, la procuraduría ya tiene identificada una red criminal que involucra a 300 empresas. Sin embargo, no pueden implementar acciones hasta que entre en vigor la ley.
Necesaria, prisión preventiva oficiosa
Romero Aranda, que lleva alrededor de 20 años trabajando en la procuraduría fiscal en diversas áreas como amparos, defendió la idea de que es necesario catalogar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, debido a que, través de la figura de prisión preventiva oficiosa se podrá atacar el problema de fondo.
“(Sin la reforma) se presenta una querella, y hasta que se dicta sentencia en definitiva, se decide si hay un culpable o no y si merece cárcel, en el inter, el acusado ya está en Canadá o Australia”.
Con el carácter de delincuencia organizada, expuso, si se atrapa al miembro de alguna banda se puede hacer con la figura de prisión preventiva oficiosa.
Aclara que “hay un principio de presunción de inocencia que dice que (alguien) podría estar sujeto a un procedimiento y hasta que se dicte sentencia es culpable. Entonces, aunque esté detenido precautoriamente, sigue prevaleciendo el principio de presunción de inocencia”.
Con los nuevos cambios, la autoridad puede seguir en cualquier momento la huella del dinero. “Te da el poder de llegar al banco y tener infiltrados para saber dónde tienen o guardan el dinero en efectivo; además, te permite hacer cateos y ese dinero que se encuentre se iría al fisco”.
Para el procurador es claro que estas bandas de defraudadores operan como delincuencia organizada, ya que llevan un modus operandi desde registrar a las personas en el SAT, abrir cuentas de cheques, emitir facturas y exigir devoluciones.
“Lo que queremos es cambiar la percepción de que no pasa nada a que sí pasa, ésa es la diferencia con esta reforma”, sentenció.
No es contra empresarios, es contra delincuentes
El abogado fiscalista con doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca enfatizó que esta iniciativa no va en contra de los empresarios, sino de los grandes defraudadores.
“En estos esquemas no cae una empresa normal o porque el contador omitió el pago o porque accidentalmente no declaré un ingreso (...) Estamos hablando de empresas que llegan a omitir hasta 8 millones de pesos, esto quiere decir que para que omitas esa cantidad, tuviste que haber emitido una factura por 24 millones de pesos.
“Si no se sabe quién la dio o quién la vendió ni tampoco se puede acreditar, es claro que no fue dinero para comprar unos lentes; 24 millones de pesos es básicamente una casa en el Pedregal”, ironizó el funcionario.
“El delincuente organizado es al que queremos en prisión, ése es el peligroso. No vamos por el que compra la factura, pero si lo cachamos, lo que vamos a hacer es decirle que se regularice y que pague lo que debe; no se presentará acción penal, estamos dando chance de que se regularice”.
El procurador afirmó que esta reforma no será retroactiva, es decir, no se buscará enjuiciar a quienes cometieron este delito antes de que entrara en vigor la ley, “pero, sí puedo empezar a revisar en estas redes y saber cuántos siguen operando”.
El combate a la defraudación fiscal también irá sobre aquellas empresas de outsourcing que operan de manera ilegal. Para ello, la Procuraduría Fiscal de la Federación trabajará en conjunto con el IMSS, el Infonavit y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para realizar los cruces de información necesarios.
No habrá persecución política
Con respecto a si con esta ley se podría empezar una persecución política o si podría ser un proceso arbitrario, el funcionario insistió que la ley no es retroactiva y que, para iniciar un procedimiento, el caso debe pasar por diversos filtros.
Un procedimiento inicia cuando el SAT hace una auditoría y presenta un dictamen, detalló. Después, lo manda a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ahí se hace un análisis y se decide si hay o no delito. Si es un delito, entonces, se presenta una querella ante la Fiscalía General de la República, la cual decide si hay o no delito a través de varios criterios.
En caso de que decida que es un delito, se ejerce una acción penal y se manda el caso a un juez y todavía se puede decidir si hay delito o no. Si decide que sí, se vincula a proceso.
“Es decir, primero pasa por dos autoridades del Ejecutivo que son el SAT y la procuraduría fiscal, después pasa por la FGR, que es un organismo autónomo, y al final por un juez, que es otro poder, el Judicial. Entonces, hay que creer también en las instituciones”.
Romero Aranda destacó que la procuraduría fiscal tiene 92% de los asuntos ganados. “Si realmente aventáramos escopetazos y vamos contra personas que no tenían derecho, no tendríamos ese porcentaje. Nosotros presentamos asuntos en los que sabemos que vamos a ganar porque ya tenemos los pelos de la burra en la mano”.
Cómo se inicia un proceso:
- El SAT hace una auditoría y presenta un dictamen.
- Lo turna a la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde se hace un análisis y se decide si hay o no delito.
- Si es un delito, entonces, se presenta una querella ante la Fiscalía General de la República, la cual decide si hay o no delito a través de varios criterios.
- En caso de que decida que es un delito, se ejerce una acción penal y se manda el caso a un juez y todavía se puede decidir si hay delito o no.
- Si decide que sí hay delito, se vincula a proceso.
Con información de El Economista.
