La reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con la cúpula empresarial concluyó con un compromiso de trabajar juntos para que la reforma penal fiscal no trate a los contribuyentes que cometan una falta como si ésta fuera equiparable a delincuencia organizada, pero AMLO les aclaró que en el tema de factureras se irá a fondo.
El presidente y los empresarios acordaron formar un grupo de trabajo en el que participarán fiscalistas del sector privado con la Procuraduría Fiscal y la Subsecretaría de Ingresos a modo de que se cabildeé en el Congreso una ley que genere certidumbre jurídica a las inversiones.
Tras reunirse en privado el pleno del Consejo Coordinador Empresarial con el jefe del Ejecutivo, el titular de Hacienda y el procurador fiscal, en Palacio Nacional, los empresarios se mostraron complacidos con los acuerdos alcanzados, toda vez que se destrabaron inquietudes sobre la política fiscal del 2020, donde, dijeron, existe el compromiso de transitar en el Legislativo con ajustes.
Al respecto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, adelantó que habrá algunos cambios de interpretación en la defraudación fiscal como delito grave, tema que genera inquietud a los inversionistas.
“En esto ya vamos bastante avanzados, sobre todo algunas cosas que nos ponían nerviosos y ya se están arreglando. Por ejemplo, la iniciativa de delincuencia organizada ya está muy bien explicada: trae nombre y apellido y quedó claro que no va para los empresarios”, aclaró Cervantes.
En su oportunidad, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), José Manuel López Campos, expresó: “Tuvimos la disposición no sólo del presidente, sino de los funcionarios que lo acompañaron, para aclarar muchas de las dudas que se tenían sobre la miscelánea fiscal, sobre los cambios y reformas que se están haciendo en materia tributaria”.
El sector empresarial, dijo, no se opone a sancionar la defraudación fiscal; por el contrario, respalda los castigos, pero existen aspectos en la redacción que dan pie a una mala interpretación o lagunas que deben especificarse.
La plática en Palacio Nacional giró en torno a temas fiscales, de hacienda y todo el paquete fiscal. “Estamos felicitando que no haya incremento de impuestos. Y en el tema de la actualización del IEPS (al tabaco y a los alimentos de alta densidad calórica) seguimos todavía ajustando”, indicó el presidente de la Concamin.
“Salimos muy satisfechos. Hay algunos puntos de encuentro más que de acuerdo en este momento, y pensamos que debe haber una mayor difusión y claridad, para que con ese entendimiento se puedan asimilar de mejor manera estas reformas en materia tributaria”, expresó el presidente de Concanaco.
Fue una mesa más amplia (la reunión con hacienda y Presidencia), en la que se dieron varios puntos de vista, donde “presentamos las propuestas y dudas que se tenían, estamos llegando ya al final de este proceso y son los últimos puntos por afinar.
“Está descartada la persecución fiscal, lo que creo que se logra con este tipo de reuniones es la claridad en los objetivos”, aclaró.
Francisco Cervantes sostuvo, por su parte, que “habrá cambios de interpretación”, lo que genera confianza.
A pregunta expresa sobre si se suavizó la iniciativa fiscal, respondió que sí, para lo cual se está trabajando en mesas con el Legislativo y el Ejecutivo a fin de hacer todos los ajustes que permitan transitar con más confianza ante estos cambios, a fin de que “las empresas se sientan más seguras de invertir en México”.
Puntos a destacar de la reforma
El Senado de la República aprobó la reforma, con algunas modificaciones, para ser turnada a la Cámara de Diputados.
- La reforma entraría en vigor el 1 de enero del 2020.
- Las conductas cometidas antes de que aplique la reforma legal para endurecer las penas a los defraudadores fiscales se continuarán investigando, juzgando y sentenciando.
- A quienes expidan facturas falsas por hasta aproximadamente 8 millones de pesos no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni serán tratados como delincuentes o crimen organizado.
- Se considerará amenaza a la seguridad nacional el fraude al fisco.
- Se busca ir por el beneficiario final.
- Sanciones de cinco a ocho años de cárcel para quien compre una factura falsa.
- Protección a personas que ayuden en la investigación (testigos protegidos).
Con información de El Economista.
