Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dijo que la crisis provocada por el COVID-19 demanda entidades fiscalizadoras fuertes y se debe mantener la Agenda 2030 como guía para un futuro mejor.
Precisó que los países deben aumentar el espacio fiscal para diseñar medidas efectivas, y fortalecer mecanismos para apoyar ingresos, empleos y empresas, particularmente las estratégicas y las MiPYMEs.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en el seminario virtual “Organizaciones Internacionales y su rol ante la crisis sanitaria”, organizado por la Contraloría General de la República de Chile y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en el que profundizó sobre los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19 en la región.
Hay una demanda creciente de un mejor Estado que sea más efectivo, eficiente y transparente. Esta institucionalidad debe acompañarse de entidades fiscalizadoras que respondan a las crecientes demandas ciudadanas de más y mejor acceso a la información oportuna y confiable, así como de mayor participación en las decisiones que les afectan, afirmó.
Precisó que la caída económica de -5,3% que afectará a la región en 2020, agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo (37.7 millones) y llevará a 28.7 millones de personas adicionales a la pobreza (215 millones) y a 15.9 millones de personas a la pobreza extrema (87 millones).
Por ello, la CEPAL propone, en lo inmediato, la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional).
