Luego de las reformas establecidas para combatir la defraudación fiscal en el país, que equiparan a este ilícito como delincuencia organizada, las empresas conocidas como factureras que operan en México han decidido exportar sus actividades a países de América Latina, reconoció el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
En reunión virtual que tuvo con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Romero Aranda, indicó que gracias a la comunicación que se ha tenido con autoridades de países de América Latina, se ha detectado que varios grupos de factureros de México, que incluso utilizan la subcontratación de servicios para defraudar al fisco, han comenzado operaciones en otras naciones.
“México es el creador de esta figura y no sólo eso, esta figura se está exportando a otros países. Tuve el intercambio con algunas autoridades de Sudamérica y estamos viendo que grupos factureros están migrando para allá, también con la subcontratación de servicios o el outsourcing, son esquemas que se están exportando”, explicó el funcionario ante los legisladores.
Romero Aranda apuntó que, de acuerdo al análisis de la Procuraduría Fiscal, la evasión al fisco era un deporte nacional, donde los grandes consumidores de facturas apócrifas eran los mismos gobiernos estatales, especialmente por la parte de servicios intangibles, como puede ser, adquirir un software.
“La defraudación fiscal o comprar facturas era el deporte nacional, todo el mundo compraba facturas... los grandes consumidores de facturas eran los gobiernos y mucha de la facturación que había, eran sobre (servicios) intangibles, los casos más importantes que tenemos son de intangibles”, acotó.
Romero Aranda apuntó que en el marco de la entrada en vigor en el 2020 de las reformas que endurecen las penas contra la defraudación fiscal, diversas autoridades de América Latina han estado pendientes de los resultados, pues les parece un mecanismo novedoso contra este ilícito.
Alista acuerdo
Romero Aranda adelantó que mañana se firmará un convenio con la Conferencia Nacional de Gobernadores, con la finalidad de trazar el camino para que todas las entidades federativas tengan un acuerdo con la Procuraduría Fiscal que permita combatir la evasión fiscal y a su vez, elevar la recaudación en los estados.
“La única autoridad que tiene facultad para perseguir delitos fiscales federales es la Procuraduría Fiscal; las entidades tienen facultad para revisar, determinar, liquidar y en su caso hacer efectivas contribuciones federales coordinadas pero no para presentar denuncias por defraudación fiscal, lo que estamos haciendo es establecer los mecanismos para que nos den vista, poder llevar a cabo las investigaciones conjuntamente y en todo caso todo lo que se cobre sea para los estados”, detalló el procurador quien recordó que hasta el momento, sólo ha firmado un convenio de este tipo con el gobierno de Chihuahua.
Romero Aranda detalló que, en la actual administración, la Procuraduría Fiscal ha presentado alrededor de 300 querellas por posible evasión fiscal, por lo que algunos grandes contribuyentes han decidido, vía acuerdos reparatorios, ordenar su situación ante el fisco, lo que ha generado el pago por 30,000 millones de pesos.
Con información de El Economista.
