El senador Noé Castañón presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Insolvencia Económica y Reestructuración Financiera de las Personas Físicas, para otorgar un periodo de gracia, o de suspensión de pago, que permita a los deudores cumplir con sus obligaciones sin que se afecte a su patrimonio.
El legislador planteó que se establezca un procedimiento administrativo y judicial para la negociación y conciliación de deudas de las personas físicas, a efecto de que se generen las condiciones necesarias que permitan el cumplimiento de las obligaciones y la recuperación de la economía familiar.
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Castañón consideró de interés público que las personas conserven un patrimonio que les permita gozar de una vida digna y evitar el incumplimiento generalizado de obligaciones que las pongan en riesgo.
Por lo que, ante un escenario de crisis económica por la pandemia del coronavirus, urgió a que se tomen las medidas necesarias para proteger a las personas físicas frente a una inminente insolvencia económica, que les impida continuar con el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
La propuesta establece una serie de principios para garantizar la protección de los acreedores y de los bienes de la persona física que se declare insolvente.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.
