Un reporte del CIEP reveló que apenas diez renuncias recaudatorias absorben el 2.0788% del PIB nacional y concentran el 46.4% del presupuesto de exenciones de la SHCP.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) presentó una propuesta de evaluación para las renuncias recaudatorias en México con el objetivo de identificar y priorizar los tratamientos fiscales relevantes por su costo, alcance, concentración potencial o diseño institucional.
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La propuesta del Centro de Investigación busca eliminar los beneficios fiscales, sino que pone en la mesa la necesidad de analizar:
- Si mantienen una justificación económica, social y fiscal suficiente
- Si su diseño es congruente con el objetivo que buscan atender
- Si existen elementos para identificar a sus personas beneficiarias efectivos
- Si la evidencia disponible permite valorar su pertinencia, incidencia y desempeño
Lo anterior con el fin de orientar posibles decisiones de revisión, modificación, reestructuración o fortalecimiento de sus mecanismos de evaluación.
El CIEP recomendó que ante un escenario caracterizado por restricciones fiscales y demandas crecientes, crear un modelo presupuestario transparente en el que cada exención y estímulo responda a evaluaciones periódicas.
El impacto macroeconómico y los beneficios de alto costo en hacienda
Los incentivos fiscales vigentes en el país comprometen una parte significativa del Producto Interno Bruto (PIB), limitando el gasto gubernamental en una "actualidad llena de presiones financieras".
La investigación del CIEP identificó un bloque de diez renuncias recaudatorias prioritarias que, de manera conjunta, representarán un costo fiscal de 775,893 millones de pesos. Dicho monto equivale al 2.0788% del PIB nacional y concentra de forma directa el 46.4% del presupuesto total destinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los tratamientos de renuncia recaudatoria.
Al respecto, el investigador de la institución, Jonathan Hernández, enfatizó que:
“La permanencia de las renuncias en el sistema tributario no siempre está acompañada de una evaluación periódica sobre su pertinencia, efectividad, incidencia distributiva y evaluación del avance en el cumplimiento de los objetivos que justificaron su creación".
Aunado a lo anterior, el estudio organizó estos instrumentos en tres categorías específicas para evaluar su comportamiento y determinar quiénes gozan realmente de los beneficios de la política fiscal.
La primera categoría engloba las renuncias de alto costo económico y beneficio generalizado, donde se inscriben sectores sensibles como la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los servicios de educación y en la enajenación de libros, periódicos y revistas.
"En ambos casos, la pregunta no es si educación y vivienda son objetivos públicos relevantes, sino si la exención de IVA es el instrumento más adecuado para atenderlos y quiénes capturan efectivamente el beneficio", resaltó el organismo.
Por otra parte, la falta de una fiscalización rigurosa sobre la vigencia de estos tratamientos tributarios propicia que subsidios transitorios o sectoriales se prolonguen de forma indefinida en el sistema fiscal sin contar con reglas claras de salida o indicadores de desempeño.
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Regímenes fiscales especiales y el sesgo en los sectores de altos ingresos
El segundo componente de la investigación expuso un retroceso en el acceso y aprovechamiento de los incentivos fiscales en México, esto debido a que gran parte de las deducciones y exenciones se concentran en las capas de la población formal y de mayores recursos económicos.
El CIEP agrupó en su segundo bloque aquellos tratamientos que requieren, de manera indispensable, contar con un empleo formal, emitir o exigir comprobantes fiscales digitales, poseer capacidad de gasto privado o estar vinculado a esquemas corporativos con alta planeación fiscal para poder capturar el beneficio; esto restringe el acceso a la población en condiciones de informalidad.
Aunado a lo anterior, las exenciones y facilidades administrativas otorgadas a sectores empresariales específicos con el propósito inicial de fomentar la inversión o simplificar la contabilidad también muestran signos de obsolescencia operativa y falta de justificación técnica. Entre las renuncias analizadas bajo este rubro se encuentran:
- El régimen de exención del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras (AGAPES)
- La exención del IVA aplicable a los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación
La falta de mediciones en torno a estos estímulos impide determinar si los beneficios se trasladan al consumidor final y a los pequeños productores o si son absorbidos únicamente por los contribuyentes de mayores ingresos del sector productivo.
Del mismo modo, los esquemas orientados al ahorro y la previsión social individual exhibieron dinámicas que favorecen la concentración en los grupos más altos de la población.
El CIEP puntualizó que para disfrutar de dichos beneficios fiscales se requiere de una capacidad de ahorro e ingresos que la mayoría de los trabajadores con sueldos mínimos no posee, convirtiendo una política de bienestar social en un mecanismo que amplía las brechas económicas.
Asimismo, las deducciones permitidas por concepto de intereses por créditos hipotecarios y los estímulos a las colegiaturas en instituciones educativas privadas replican este comportamiento al subsidiar indirectamente el gasto privado de sectores con solvencia económica establecida.
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