Entérate de qué manera la implantación de este sistema impactará la función de este órgano jurisdiccional
El proyecto de reforma constitucional que pretende crear el Sistema Nacional Anticorrupción sugiere innovar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pendiente de aprobación por los congresos locales contiene aspectos de gran interés.
Propone instaurar un sistema de combate a la corrupción, en el que participarán de manera coordinada la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción y el nuevo Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA); formando un entramado inteligente de instituciones que mediante un mecanismo de pesos y contrapesos arropan la misión de combatir y evitar la Sistema Nacional Anticorrupción en el país.
La iniciativa propone organizar un Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación, contando con un Comité Ciudadano integrado por los titulares de las unidades que forman parte del referido sistema, encargado, entre otros aspectos, de engarzar los esfuerzos de todos los involucrados, así como de diseñar y dictar las políticas integrales de fiscalización, prevención, control y disuasión.
De esta manera, se buscará que el fincamiento de responsabilidades administrativas a los servidores públicos por faltas graves y, en su caso, a los particulares que participen en la comisión de faltas administrativas, quede a cargo del TFJA, previa investigación que realicen la SFP y la ASF, en el ámbito de sus respectivas competencias; sustituyendo el autocontrol administrativo por el control jurisdiccional, garantizando que la solución de los procedimientos disciplinarios estén a cargo de un órgano autónomo, independiente e imparcial.
Por ello el doctor Manuel Hllivis Pelayo, Magistrado Presidente del TFJFA considera que es muy viable el Sistema Nacional Anticorrupción propuesto, pues por una parte se deja la fase investigadora en manos de las autoridades administrativas y, por la otra, permite que el proceso sancionador se lleve a cabo por jueces que en forma profesional serán los encargados de valorar las probanzas ofrecidas, con total imparcialidad, concluyendo si el probable responsable es culpable o no, e imponer una sanción justa, la cual se fijará con base en los principios de razonabilidad y de la verdad material.
No obstante señala que en la legislación secundaria se deberán establecer facultades amplias de mejor proveer para poder reconducir el proceso y asegurar que los expedientes lleguen bien integrados.
Conoce estos y otros comentarios que el Magistrado Presidente del TFJFA compartió en exclusiva para IDC, Asesor Jurídico y Fiscal en la entrevista ¿Transformación del TFJFA?.
