Las asociaciones deportivas nacionales públicas son consideradas como “agentes colaboradores del gobierno” debido a que sus funciones le son conferidas en calidad de actuación en nombre del Estado al momento de representar la nación con un margen de discrecionalidad, por lo cual estas instituciones pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; en tanto que son sujetos de fiscalización.
Esto implica que son sometidos a la revisión del tratamiento, custodia y cuidado sobre su destino de los recursos otorgados y en caso de ser ilícitos, se debe de investigar y comprobar la afectación de los valores y funciones afectadas.
Algunas reglas para aplicar los estímulos a la inversión en este sector a grosso modo son los siguientes:
