Por Mauricio Torres
La ley para combatir la violencia en los estadios, que el Congreso aprobó el pasado martes, tiene "vicios de inconstitucionalidad" que abren la puerta a que sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o a que los ciudadanos se amparen en su contra, coincidieron especialistas jurídicos.
Con la ley, las Cámaras legislativas crearon el delito de "violencia en eventos deportivos", establecieron que quien lo cometa será sancionado hasta con cuatro años y medio de prisión, y ordenaron la creación de un padrón de aficionados violentos, en el que las autoridades se basarán para impedir que personas sancionadas entren a los recintos.
José Antonio Caballero, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la constitucionalidad de esas medidas está en duda al menos por tres razones.
En primer lugar, según Caballero, el Congreso de la Unión no tiene facultades para definir las penas de un delito que no sea federal, como el de "violencia en eventos deportivos".
En segundo, las conductas incluidas en él —como provocar riñas o arrojar objetos— ya están tipificadas en normas locales. Y en tercero, el padrón que se creará es violatorio de derechos humanos porque "estigmatizará" a las personas que sean inscritas en él.
"El artículo 18 (de la Constitución) dice que quien comete un delito, el Estado tiene la obligación de reincorporarlo a la sociedad. Si tú cometiste un delito y ya te reincorporé a la sociedad, no tengo por qué estarte continuamente recordando que tú cometiste un delito", dijo.
En entrevistas por separado, los abogados Francisco Burgoa y Jesús Robles Maloof coincidieron con ese punto de vista.
Para Burgoa, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la creación de un padrón así implica riesgos para el derecho a la presunción de inocencia. Como ejemplo, el especialista citó que una persona podría ser inscrita en la lista injustamente si responde a una agresión.
"Entonces, por el solo hecho de participar en estos actos violentos, conforme a la ley, uno pasaría a formar parte de un padrón y podría tener esta pena de que ya no podría asistir a cualquier espectáculo por determinado tiempo", dijo.
Para Robles Maloof, activista y especialista en derechos humanos, el riesgo está en que se difunda información de ciudadanos y con ello se viole su derecho a la privacidad.
"Estas listas no sólo no son informaciones confiables, sino que pueden afectar a las personas", dijo.
El padrón, según la ley aprobada, pertenecerá al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y únicamente tendrían acceso a él autoridades en la materia, aunque los detalles sobre su funcionamiento aún tendrán que definirse en un reglamento posterior.
Los legisladores que promovieron la ley —principalmente de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y una fracción del de la Revolución Democrática (PRD)— argumentan que es necesario endurecer las penas contra los aficionados violentos para inhibir y castigar riñas en los estadios.
Con información de CNN México
