La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por el Senado y enviada a San Lázaro para seguir su proceso legislativo, tiene como objetivo fundamental abrir el ejercicio de la función pública, propiciar una eficaz y eficiente rendición de cuentas, así como dar contenido e instrumentar los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información tanto en el orden federal, estatal, y municipal.
En ese aspecto, la iniciativa define que el derecho a la información pública es fundamental, y comprende la libertad de difundir, investigar y recabar información pública. Con ello se busca reconocer la evolución que la libertad de expresión, y el alcance que tiene.
Por otro lado, se entiende que dicho derecho está blindado, ya que es oponible al Estado en cuanto a que no puede desconocerlo o ignorarlo; por el contrario está obligado a procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de dicho derecho humano, y en caso de violación sancionar a las autoridades o particulares responsables y reparar su transgresión.
Asimismo, en el documento se propone definir los objetivos de la Ley, a fin de dejar claro los propósitos que sus disposiciones buscan alcanzar, como se muestra a continuación.
- Establecer los mecanismos de coordinación entre los distintos sujetos obligados.
- Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, así como establecer las bases de coordinación y distribución de competencias de sus integrantes.
- Garantizar que toda persona sin restricción o limitante alguna pueda ejercer su derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos.
- Promover la transparencia del ejercicio de la función pública y de los recursos públicos, propiciando una mejor y efectiva rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas que garanticen un flujo de información relevante, socialmente útil, oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, procurando que se difunda, de ser posible, en los formatos más adecuados para el público al que va dirigida.
- Coadyuvar con las autoridades competentes a efecto de lograr una adecuada gestión documental a través de la creación, organización, administración y conservación de los documentos que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información.
- Fomentar y promover una cultura cívica de transparencia y acceso a los datos públicos.
- Propiciar la participación social en la toma de decisiones a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.
Por ello en la iniciativa se propuso la constitución del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (SNT), el cual participará en el diseño de una política integral en materia de apertura de datos al alcance de toda la población, mediante la coordinación de entidades federativas y del gobierno federal.
Dicho sistema nacional debe ser entendido como la base de intercambio de ideas, de reflexiones plurales, como el espacio de la discusión, del consenso que tendrá por objeto garantizar el efectivo ejercicio y respeto del derecho de acceso a la información y promover y fomentar la educación y una cultura cívica de transparencia y acceso a la información en todo el territorio nacional.
En ese tenor, el SNT deberá diseñar, ejecutar y evaluar un Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tendrá como finalidad constituir el instrumento rector para la integración y coordinación del sistema, y determinar los objetivos y las metas que se deberán cumplir.
Además se pretende que el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública deba evaluarse y actualizarse al final de cada ejercicio y definir el conjunto de actividades y proyectos ejecutados durante el periodo.
De igual forma, contempla que la colaboración entre los 33 órganos garantes (32 entidades federativas y la federación) será determinante para construir un SNT robusto y funcional, eficaz y eficiente que genere beneficios reales para toda la población en igualdad de circunstancias, independientemente de la entidad federativa en donde habite.
Al respecto, el ex comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar, señaló que “de aprobarse este Sistema, el reto estará en su correcta implementación -principalmente por la disparidad entre los órganos locales de transparencia, de acuerdo con la Métrica 2014 coordinada por el CIDE- y en encontrar los vasos comunicantes con el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, encargado de luchar contra la corrupción, para que así, de manera realmente coordinada, se presente un frente común, un dique que no permita que las olas de la corrupción o las mareas de la opacidad inunden el páramo de nuestra incipiente democracia.”
