El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) entregó un decálogo a los senadores de la República para la legislación secundaria anticorrupción.
Uno de los objetivos es que se establezcan las condiciones y requisitos para cumplir con la obligación de los servidores públicos para que presenten la declaración patrimonial y de intereses, de manera que permita publicitar las actividades e ingresos ajenos a la función pública.
La comisionada Areli Cano Guadiana añadió que la legislación debe incluir dispositivos que permitan diagnosticar e identificar áreas de riesgo o problemas recurrentes en la administración pública e instrumentos de evaluación sobre la incorporación de los servidores públicos.
Por otro lado, el doctor Mauricio Merino de la Red por la Rendición de Cuentas, aseguró que si el Sistema Nacional Anticorrupción no consigue una Ley General de Responsabilidades que modifique desde su raíz el sistema disciplinario mexicano, la reforma constitucional en la materia habrá sido un esfuerzo fallido.
Además que prevén la discusión de cerca de 20 leyes para poder atender esta “crisis nacional”, pues los problemas del país como la pobreza, inseguridad y los feminicidios, de una u otra manera todos “están agravados por el tema de la corrupción”, como consideró Juan E. Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).
Por citar un ejemplo, un estudio de Transparencia Mexicana concluyó que los hogares de más bajos recursos económicos tienen que destinar casi el 33% de su ingreso al pago de sobornos para tener acceso a servicios, como poder inscribir al niño a la escuela o presentar una denuncia ante un ministerio público.
