Por Bianca Carretto
Con ocho impugnaciones en contra a dos meses de que fue promulgada, la Constitución de la Ciudad de México enfrenta el riesgo de que sus normas sean frenadas y no se hagan realidad.
Los recursos interpuestos por instituciones del gobierno federal, órganos autónomos y otros actores políticos deberán ser resueltos en los próximos meses por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos fallos sentarán un antes y un después sobre la libertad de acción de los legislativos locales.
Por lo pronto, la legislación capitalina enfrenta al menos tres grandes escenarios, que pueden variar por factores como la falta de uniformidad en los criterios de la SCJN sobre cuál es el límite de las facultades de un Congreso local.
El director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Cruz Angulo, explicó que “la SCJN ha sido poco consistente en los criterios respecto de qué puede y no puede hacer un constituyente local. A veces nos dice que, cuando amplía derechos o los derechos quedan más específicos, es porque legislan, y a veces nos dice que no, que no es válido que legislen”.
Asimismo el académico de la Universidad Panamericana (UP), Gustavo Garduño, coincidió en que alrededor del 50 % de los artículos de la Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente está bajo impugnación.
Escenario 1: La Corte pide una 'constitución espejo'
Cruz Angulo explicó que una posibilidad es que la Corte decida que la Constitución local no puede ir más allá de lo que establece la federal y debe ajustarse a la ley suprema, particularmente en materia de derechos.
“La Corte podría determinar que no hay ninguna posibilidad de que la legislación local se aleje del texto de la Constitución General y, en consecuencia, todas las constituciones locales en el apartado de derechos tendrían que ser fiel espejo de lo que dice la federal”.
El investigador de la UNAM y uno de los participantes para la elaboración del documento, Jaime Cárdenas, advirtió la posibilidad de que la Corte mantenga una postura "formalista" y, con ello, eche abajo la mitad del trabajo de los constituyentes.
Uno de los puntos bajo la lupa es el derecho al uso médico y terapéutico de la marihuana, contemplado en el documento capitalino, pero impugnado por el Senado con el argumento de que es contrario a normas federales como la Ley General de Salud.
El diputado local César Cravioto, consideró que si la Corte elimina los puntos de ese tipo limitará los derechos de los habitantes de la capital del país.
Escenario 2: la Corte avala lo aprobado
La SCJN reconocerá que los legislativos locales pueden ampliar los derechos de los ciudadanos de un territorio, siempre que no entren en "franca colisión" con lo establecido en la ley suprema.
Cruz Angulo citó que en la Constitución de Michoacán se fijó que la educación será gratuita hasta nivel universitario a diferencia con la Constitución del país en la que se establecer que la gratuidad llega sólo hasta el nivel medio superior, por lo que podría generar polémica relativo a los derechos de las comunidades afrodescendientes, barrios y comunidades originarias –no contemplados en el ámbito federal-.
"Esto sí entra en una sintonía muy distinta a lo que dice la Constitución de la República. Ahí, la Corte puede decir que las constituciones locales no tienen facultades para legislar en la materia".
Garduño resaltó que otro punto controvertido es el que establece que el Congreso local se integrará, en igual porcentaje, por diputados electos por voto y por vía plurinominal, lo que para el abogado de la UP, esto representa un "retroceso democrático" que los ministros podrían revertir con facilidad, pero no hay certidumbre sobre cuál será la decisión final.
Escenario 3: las nuevas instituciones, en duda
Este no tiene que ver con los derechos de los capitalinos, sino con la creación de nuevas instituciones locales, como un Consejo Judicial Ciudadano, encargado de la designación de los consejeros de la judicatura local.
Dicho punto fue impugnado por el Tribunal Superior de Justicia capitalino, con el argumento de que un organismo así vulneraría la autonomía del poder judicial.
Cruz Angulo refirió que la Corte no tiene ninguna posición sobre la creación de órganos distintos a los contemplados en la Constitución Federal y en el caso de que se determine una negativa, se marcaría el federalismo “porque estaríamos a expensas de que todo tuviera que tener cierto agarre con la Constitución General”.
No obstante, gobierno de la Ciudad de México ya lanzó su estrategia de defensa jurídica que contempla 60 figuras públicas, entre las que están integrantes del grupo redactor del proyecto de Constitución, diputados constituyentes, académicos de la UNAM y asesores externos.
En ese sentido, el senador Alejandro Encinas solicitó a la Corte que reconozca la personalidad jurídica de dicho órgano para también defender el documento, pues hasta ahora se reconoció al gobierno capitalino y a la ALDF.
Con información de Expansión
