Menor regulación = Mayor competitividad

Preámbulo

Para que una entidad de alto poder económico decida invertir en determinado territorio, a decir de la licenciada Alejandra Olay Cheu, Coordinadora del Programa Académico de Posgrados en la Universidad Anáhuac México Sur, deben analizarse ciertos factores, entre otros:

• el grado de confiabilidad en el sistema jurídico que rige al Estado en cuestión
• el sostenimiento de su crecimiento económico
• la estabilidad y funcionalidad de su sistema político
• la eficiencia de su gobierno ¹

Ante ello es menester preguntar ¿en qué medida nuestra normatividad mercantil y administrativa puede influir positiva o negativamente en la competitividad, entendida como la capacidad que tiene un Estado para atraer y retener inversiones?

Para que una sociedad pueda operar en México debe adoptar una de las seis modalidades reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles (sociedad: en nombre colectivo; comandita simple; responsabilidad limitada; anónima; en comandita por acciones y cooperativa), o bien, aquellas formas societarias previstas por la nueva Ley del Mercado de Valores: Sociedad Anónima Promotora de Inversión y Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil

Para el caso de las sociedades anónimas, las más comunes en México, los requisitos a observar para su constitución son:

• dos socios, mínimo, y que cada uno de ellos suscriba al menos una acción (sin importar el número total de ellas)
• un capital social de al menos $50,000.00
• exhibir por lo menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario y el valor íntegro de  cada acción que haya de pagarse en todo o en parte, con bienes distintos del numerario ²

Reunidos tales requisitos, los inversionistas acudirán ante notario o corredor público para que dé fe de la constitución de la sociedad. Una vez constituida, el fedatario público expedirá testimonios o pólizas en las que constarán los estatutos sociales y artículos transitorios de la sociedad, y con esos documentos, se deberán llevar a cabo los siguientes trámites:

Si bien es cierto esta normatividad tiene una razón de ser y su cumplimiento brinda seguridad jurídica para la sociedad anónima, sus trabajadores y, desde luego, para aquéllos que contraten los servicios ofrecidos, también lo es que el tiempo requerido para realizar los trámites ante las diversas oficinas federales, estatales y municipales es más prolongado de lo deseable.

Cómo agilizar la apertura de un negocio

Doing Business, proyecto de investigación y análisis sobre la economía interna de 175 países, liderado por el Banco Mundial, refleja el tiempo promedio que se invierte en cada país para abrir un negocio. La calificación que obtuvo México no es alentadora: en cuanto a la facilidad para hacer negocios en México, nos encontramos en el lugar 43, y se requieren 61 días en promedio para poner en marcha un negocio.

Lo anterior significa que los capitales que debieran estar en constante movimiento, se quedan transitoriamente estancados y esperando para ser reinvertidos; ésto se traduce en pérdidas financieras y lo más lamentable, en un momentáneo impasse en la creación de fuentes de empleos.

Soluciones propuestas por el gobierno

Ante la mencionada problemática, grandes esfuerzos ha realizado la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito es garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad⁴.

La COFEMER, entre otras líneas de acción, patrocinó conjuntamente con la United States Agency for International Development (USAID) y el Banco Mundial, un estudio con metodología análoga a la utilizada en el reporte mundial Doing Business, enfocado al análisis de once ciudades, una entidad federativa y un municipio de nuestro país en cuatro áreas de regulación estatal y municipal:

• inicio de un negocio o empresa
• registro de una propiedad
• obtención de créditos
• cumplimiento de contratos

Cuando se evaluaron los resultados de la Ciudad de México vis a vis con los de otras 10 ciudades, se advirtieron diferencias sustanciales en los cuatro indicadores que el informe buscaba medir.

Un empresario demora 29 días en realizar todos los actos administrativos para iniciar un negocio en Celaya, pero 52 en Querétaro y 58 en la Ciudad de México. El costo de poner en marcha una empresa equivale al 7% del ingreso per cápita promedio en Aguascalientes, pero 36% en Veracruz y 74% en Tlalnepantla. El registro de una propiedad comercial tarda 30 días en Mérida, pero 94 días en Querétaro. Para recuperar una deuda, los acreedores pagan 5% del valor de la deuda en Guadalajara, pero un escandaloso 33% en Mérida.

El siguiente cuadro ilustra en qué ciudades es más ágil y sencillo abrir una empresa (de mayor a menor):

Las oportunidades para mejorar la regulación están en los procedimientos administrativos locales, los cuales pueden modificarse por el gobierno del Estado o el Municipio. Las reformas contribuirían a mejorar la competitividad de las economías locales, y permite que las empresas crezcan más rápido y generen más empleo.

Apoyo clave a las empresas de nueva creación

Aunado al esfuerzo de recolección, interpretación y procesamiento de datos por acuerdo presidencial del 28 de enero de 2002, se creó el sistema de apertura rápida de empresas (SARE).

El SARE es un programa de la administración pública federal, cuyo objetivo es el establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo promoviendo su resolución ágil y expedita por medio de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la simplificación de trámites.

Dicho esquema promueve la apertura de empresas en dos días hábiles mediante la identificación de trámites federales mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones.

Los trámites mínimos para que una empresa pueda iniciar operaciones son: obtención del RFC ante el Servicio de Administración Tributaria y la del permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para su constitución.

Mayor incentivo a las empresas de "bajo riesgo"

El SARE fue diseñado principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que son aquéllas que generalmente realizan actividades de bajo riesgo y representan el 80% de las actividades económicas desarrolladas en México.

Pero, ¿quién determina si el objeto social de la compañía es de bajo riesgo? Existe un catálogo llamado Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y las empresas cuyo giro se ubique dentro de los ahí enlistados gozarán del beneficio de considerarse de esa manera.

No se eximen trámites

Es fundamental destacar que el SARE no dispensa los demás trámites federales que la empresa debe realizar, pues tienen carácter de obligatorios.

El beneficio del SARE consiste en que la corporación cuenta hasta con tres meses a partir de la fecha en la que obtenga su RFC para realizar tales trámites, y durante ese período las autoridades federales no podrán requerir información o practicar visitas para comprobar el cumplimiento de esas obligaciones.

Sin embargo, ante ello resulta inevitable cuestionar si acaso no es suficiente contar con el SARE para agilizar la puesta en marcha de un negocio. En mi opinión, efectivamente el SARE es una gran herramienta, pero también se requiere de un buen nivel de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno, toda vez que los trámites más complejos son los estatales y municipales.

SARE también en los municipios

Para instrumentar el SARE a nivel municipal existe un documento dirigido a estas autoridades denominado Guía de Apertura Rápida de Empresas. En dicha guía se analizan: la situación tramitológica (sic), el diseño organizacional del SARE y los pasos a seguir para lograr su exitosa instrumentación.

No obstante, desafortunadamente la adopción de los lineamientos de la guía no es obligatoria para las autoridades municipales; en consecuencia, el riesgo que se corre es: la apertura de empresas será más o menos sencilla dependiendo de la eficiencia de cada municipio y por lo tanto, habrá siempre algunos municipios más capaces de atraer y retener inversiones que otros.

Empresas con actividades de bajo riesgo

En cuanto a las actividades económicas de bajo riesgo en posibilidad de tramitarse con los SAREs estatales y municipales, el gobierno federal ha recomendado crear un catálogo de giros de esta categoría, adecuado a la región y necesidades de los Estados y Municipios, tomando como base:

• el esquema de actividades del catálogo CMAP o los 685 giros de bajo riesgo considerados en el SARE Federal
• la regulación municipal
• el tamaño del establecimiento
• la ubicación geográfica del mismo ⁵

También la sociedad civil agiliza la apertura de empresas

Paralelamente a los esfuerzos de la administración federal, para detectar y corregir las externalidades de nuestro sistema, la sociedad civil ha manifestado su interés por contribuir mediante sus estudios y opiniones, a la formación de políticas públicas que puedan mejorar el ambiente de negocios en México.

Tal es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), asociación civil que mediante indicadores propios, ha evaluado el sistema jurídico, político y financiero de nuestro país, ubicándolo en el lugar 31 dentro del ranking mundial de competitividad.

Facilidades para abrir empresas ¿les dan competitividad?

La relación que guarda la competitividad con la facilidad de abrir un negocio es mucha. Es una relación directamente proporcional: se invierte más en los países en los que la constitución de la empresa y demás trámites necesarios para poner en marcha un negocio son más ágiles y transparentes.

Otras instituciones reconocidas nos han ubicado en lugares distintos, al tomar como parámetros sus propios indicadores. Tal es el caso del World Economic Forum que nos clasificó como la economía número 32 del mundo; somos el Estado número 35  conforme a los World Competitiveness Rankings del Institute for Management Development, y ocupamos el escaño número 32  de acuerdo con el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage⁶. 

Conclusión

La identificación de los factores que inhiben la competitividad es la primera fase de la resolución del problema. El paso siguiente es lograr conciencia entre los actores políticos estatales y municipales sobre la importancia de impulsar mejoras regulatorias que coadyuven a atraer inversiones a territorio nacional. 

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_Notas:

_{1 Instituto Mexicano para la Competitividad, Hacia un Pacto de Competitividad, Grupo Impresores Unidos, S.A. de C.V., Monterrey, 2005
2 Artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
3 VON WOBESER y SIERRA, S.C., Guía Legal para Hacer Negocios en México, México, 2006
4 www.cofemer.gob.mx  
5 Para conocer el catálogo de los giros considerados de bajo riesgo y que entran en el esquema del SARE Federal consultar: http://www.cofemer.gob.mx
6 Consultar: www.imco.org.mx}