La discriminación laboral impacta negativamente en la vida de las personas, ya que afecta sus ingresos y el acceso a otros derechos, como vivienda y seguridad social; y aqueja su salud mental y física. “Al final, los costos de la precariedad, la violencia, la inestabilidad y la exclusión laboral, cobran vidas”, advirtió el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Abel Cruz Hernández.
El legislador refirió que de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre enero de 2017 al mismo mes de 2018, se recibieron 260 quejas por actos de discriminación en el ámbito laboral que implicaron la pérdida del empleo para los denunciantes en empresas privadas; sin embargo, este Consejo sólo emitió dos resoluciones favorables para los quejosos.
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Detalló que de 2011 a 2017 se abrieron 2 mil 935 expedientes por presuntos actos de discriminación laboral, de las cuales 2 mil 222 fueron quejas contra personas particulares y 713 a servidores públicos federales.
El motivo de discriminación más señalado fue el embarazo, 24%; condiciones de salud, 19%; género, 12.57%; apariencia física, 12.19%; discapacidad, 10.8%; edad, 9.6% y preferencia u orientación sexual, 8.3%.
En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente y remitido a la Segunda Comisión, enfatizó que en México prevalecen disparidades importantes en el acceso al empleo y todas las prestaciones y protecciones que supone; particularmente a personas con preferencias sexuales diferentes, indígenas, con discapacidad y mujeres.
Afirmó que las afectaciones que provoca la discriminación en el empleo son múltiples y en algunos casos, ocasiona una baja participación en el mercado laboral, tal y como ocurre con las personas con discapacidad, indígenas y mujeres, en todos los grupos sociales.
Por lo anterior exhortó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a que en coordinación con autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, promueva el fortalecimiento de acciones encaminadas a prevenir la discriminación laboral así como la protección y garantía de derechos laborales de las personas en todo el país.
