La STPS informó que concentran a 862,489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales
El Gobierno de México detectó un total de 1,200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862,489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.
En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley, y que en el último mes del 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.
Fueron 380,000 trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos.
Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos”, refirió el mandatario federal.
La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), María Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para 2019 se contabilizaron 5 millones de trabajadores en este esquema y 6,000 empresas que realizaban subcontratación abusiva.
Piden evitar outsourcing y regularizar su situación
El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.
Indicó que luego de las reformas hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todas aquellos empleadores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos.
"La reforma va encaminada a castigar a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing de manera ilegal, cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social", expuso y agregó que quien reciba este servicio, corre el riesgo de ir a la cárcel sin derecho a fianza.
Romero Aranda mencionó que quien contrate servicios de outsourcing ilegal o de compra de facturas falsas, incurrirá en el delito de delincuencia organizada y puede tener una condena de 14 y hata 20 años de prisión.
Por ello, el procurador fiscal exhortó a las empresas que han utilizado el outsourcing o subcontratación ilegal a que se acerquen al IMSS y al SAT para regularizar su situación.
En la conferencia de este miércoles se dio a conocer que el Gobierno de México detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.
Al respecto, el presidente López Obrador indicó que ya se modificó la ley, por lo que la evasión de impuestos ya es considerada un delito, “vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos”.
