El dinero no recaudado por Outsourcing representa para la institución la mitad de lo que se invierte en medicamentos al año, es decir, se podrían comprar 55% más fármacos o invertirlos en la compra de 4,528 o 1,380 tomógrafos, aseguró el director general del IMSS, Zoé Robledo.
Al participar en el Parlamento Abierto para la Reforma en Materia de Subcontratación Laboral, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, el titular del IMSS explicó que esta práctica afecta principalmente a trabajadores, empresas e instituciones del Gobierno Federal, en particular al propio Instituto.+
LEE: INFONAVIT DETECTA 14% DE PATRONES QUE NO CUMPLEN CON APORTACIONES
En este sentido, dijo que la afectación a los niveles de recaudación del Seguro Social, es decir, lo que se recibe para fondear todos los seguros, particularmente el Seguro de Enfermedades y Maternidad, se ve mermado a causa de esta práctica ilegal.
Robledo reconoció que si bien los 21,000 millones de pesos que no ingresan al Instituto por Outsourcing no significan la totalidad del problema, “es parte de lo que ha ido socavando la capacidad de atención que presta el Instituto”.
Por lo que celebró los acuerdos que se alcanzaron la semana pasada en el Senado de la República durante el Parlamento Abierto para no permitir la impunidad y poner siempre en el centro de todas las acciones los derechos de los trabajadores. “Nosotros somos garantistas en este sentido, y eso es lo más importante”.
En cuanto al impacto a la competitividad, Zoé Robledo subrayó que el sector formal se enfrenta a una competencia desleal, ya que los evasores hacen uso de esta figura para obtener beneficios económicos indebidos y les permite contar con mayor capacidad económica e incluso bajar sus costos.
Señaló que los operativos que se llevan a cabo en coordinación con instituciones como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) permite generar incentivos a las empresas que cumplen con el pago de sus obligaciones y que no haya impunidad al momento de sancionar a los que no están cumpliendo.
Asimismo subrayó que aquellas empresas que sigan haciendo trampa o portándose mal al registrar a los trabajadores con un salario menor al que perciben, van a quebrar y eso ocurrirá con mayor intensidad a partir del año 2022 y para adelante.
Enfatizó que la ley permite esos operativos desde hace mucho tiempo, sin embargo “la voluntad política de atenderlos era lo que estaba interponiéndose. Esa falta de coordinación institucional era, muchas veces, el espacio que permitía las distorsiones y todo tipo de abusos, pero la ley ya lo permitía y por eso es que nosotros lo empezamos a hacer”.
Dijo que también los derechos laborales son afectados por la subcontratación ilegal: abarata el costo de la mano de obra y perjudica los ingresos de los trabajadores y sus prestaciones; genera menos estabilidad en el empleo, reparto de utilidades; éstos no reciben ingresos por prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y liquidación.
El titular del IMSS agregó que además se les registra con un salario menor al real, lo que afecta gravemente sus incapacidades y licencias de maternidad, su ahorro para el retiro, pensión y crédito para la vivienda.
