El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Cefecorel) informó que a partir del 30 de marzo de 2026, la oficina de apoyo estatal con sede en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México cambia de domicilio al ubicado en Dr. José María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CP 06720, en Ciudad de México (CDMX).
El Cefecorel señala que este cambio se debe a la imposibilidad de continuar con el arrendamiento del inmueble que ocupaba la oficina de Naucalpan, dado el incremento excesivo del precio de la renta para el presente año, y que en la nueva dirección existe espacio suficiente para albergar al personal de esta sede porque las oficinas fueron desocupadas por la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) en enero pasado; luego entonces, el Centro de Conciliación argumentó y decidió, bajo el principio de austeridad republicana, mudar una oficina correspondiente a municipios del Estado de México a la CDMX.
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No obstante, el Cefecorel dejó de observar que esta decisión es inconstitucional al estar en contra del derecho de acceso a la impartición de justicia pronta y gratuita, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y de lo previsto en el diverso 685 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece que el proceso del derecho del trabajo será gratuito e inmediato.
En nuestra opinión, el principio de austeridad republicana no aplica en materia laboral, y no puede estar por encima del derecho fundamental de acceso a la justicia, en especial, no puede afectar a los colaboradores que requieren agotar la conciliación en un conflicto laboral. Máxime, que en el documento dado a conocer por el Cefecorel, no se establecen las medidas necesarias para garantizar los derechos de acceso a la conciliación de los trabajadores.
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Principio de austeridad vs impartición de justicia pronta y gratuita
El numeral 1o. de la Ley Federal de Austeridad Republicana dispone que los recursos públicos deben administrarse bajo criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, en congruencia con lo establecido en el artículo 134 de la CPEUM, y que dichas disposiciones resultan aplicables a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Sin embargo, aunque las medidas de racionalidad del gasto público tienen un objetivo legítimo, su implementación no debe traducirse en restricciones desproporcionadas a derechos fundamentales.
En este sentido, aunque la reubicación de la sede responde a una lógica de contención del gasto, la medida no satisface los principios de necesidad y proporcionalidad, al existir alternativas menos gravosas para los trabajadores, al ser la parte vulnerable de la relación laboral, cuya subsistencia depende de su salario y, por ende, requiere de mecanismos de acceso a la justicia que no le generen cargas adicionales.
Además, el artículo 700, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo prevé las reglas de competencia territorial en conflictos individuales, permitiendo al subordinado elegir entre el lugar de celebración del contrato, el domicilio del demandado o el lugar de prestación de los servicios.
En ese contexto, la reubicaciónde la sede de Naucalpan podría desincentivar o dificultar el ejercicio de este derecho, al obligar a un traslado que implica costos, pérdida de tiempo y mayores obstáculos para la defensa de sus intereses.
Así, a pesar de que el Cefecorel sostiene que la nueva sede mantendrá la misma competencia y jurisdicción sin afectar la calidad, accesibilidad y cercanía del servicio, lo cierto es que el traslado de los trabajadores de los municipios del Estado de México a la CDMX podría generar efectos adversos en el acceso efectivo a los mecanismos de conciliación laboral, en beneficio predominantemente administrativo.
