Luego de la aprobación de la Reforma a la Seguridad Social de Nicaragua, el pasado 16 de abril, los trabajadores salieron a protestar con un saldo de al menos 26 muertos, entre ellos un periodista, lo que provocó que el presidente de la nación, Daniel Ortega, cancelara la resolución.
De acuerdo con información del periódico El economista, el pasado 21 de abril, el mandatario afirmó que acordaría negociar sobre las reformas al Seguro Social para que no hubiera más “terror para las familias nicaragüenses”, pero indicó que las discusiones serían únicamente con líderes empresariales.
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Los ajustes promovidos por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) estipulaban un aumento del 6.25 % al 7 % de las deducciones jubilatorias de los salarios de los trabajadores. Por su parte, los empleadores pagarían en lugar del 19%, el 22.5 % de los salarios de sus trabajadores al seguro social.
Asimismo, la reforma preveía una reducción del 5 % en las pensiones, monto con que los jubilados ahora tendrán que contribuir al seguro social.
El presidente del INSS, Roberto López, subrayó que la medida fue tomada para "garantizar la sustentabilidad financiera" de la institución por 10 años y el crecimiento continuo de atenciones y beneficios para los trabajadores y pensionados nicaraguenses.
Información del Nuevo Diario Nicaragüense aseguró que desde 1979, el sistema de seguridad social empezó a tener problemas luego de que el gobierno aprobó el otorgamiento de pensiones de guerra para lisiados y madres de “caídos”, recursos que salieron de los fondos del INSS, aunque los beneficiarios no hubieran cotizado a la institución.
Lo anterior, aunado a convenios de la institución con organismos privados, generó una crisis económica en el sistema, junto con especulaciones de que este no sobreviviría los siguientes años y dejaría sin cobertura a una importante parte de la población, a pesar de que hubiesen aportado.
“El problema del INSS es que son muchos sus problemas: desde una escasa cobertura, hasta empleos con poca productividad, pasando por una alta burocracia generosamente bien pagada; un grupo que recibe pensiones sin haber cotizado el mínimo exigido por ley; un plan de inversiones que es secreto y discrecional, y un elenco limitado de actores que deciden los cambios, dejando por fuera al resto de la sociedad”, afirmó un académico para el diario Confidencial.
Cabe destacar que los problemas financieros y burocráticos del INSS no son diferentes de los mexicanos, quien de acuerdo con expertos se convirtió en "un problema nacional cuya inercia puede poner en riesgo las finanzas públicas nacionales y vulnerar a millones de trabajadores y pensionados que hoy tienen la expectativa de contar con una protección financiera en la vejez”.
El principal inconveniente es el mismo en ambas naciones “no existen mecanismos que garanticen la suficiencia financiera”, de acuerdo con Pedro Vázquez autor del libro “Pensiones en México”.
