En el antiguo sistema pensionario en México, las contribuciones de los trabajadores activos financiaban el pago de los beneficios de los pensionados, este sistema concluyó en 1997, cuando se llevó a cabo una reforma profunda, no obstante, los trabajadores identificados como la Generación de Transición, conservarán los beneficios hasta 2080.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) explicó en su blog que en julio de 1997, se realizó una reforma profunda al sistema público de pensiones, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que migró el antiguo esquema pensionario de beneficio definido a uno de contribución definida.
Detalló que la reforma no sólo modificó la forma como se determinan los beneficios de pensión, también redefinió la fuente de su financiamiento donde las cuentas individuales son administradas por empresas privadas especializadas en la gestión de fondos de retiro (Afore).
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No obstante, al momento de pensionarse, los trabajadores pertenecientes a la Generación de Transición pueden elegir la pensión que más les convenga, entre la que alcancen con el saldo de su cuenta individual, conforme lo establece la Ley 97, y la que les correspondería de acuerdo con el beneficio definido en la Ley 73.
La comisión destacó que por ello, el gasto público por pensiones seguirá creciendo durante las siguientes décadas, principalmente por el pago de estas pensiones que serán mucho mayores que las de la Generación Afore, no porque hubiesen aportado más para su pensión, sino por los beneficios altamente subsidiados que ofrece la Ley 73, mismos que están siendo pagados con impuestos generales.
Refirió que al cierre de 2016, la Base de Datos Nacional del SAR reportaba más de 20 millones de trabajadores que pertenecen a la Generación de Transición.
La edad promedio del grupo es de 52 años, los miembros más jóvenes de esta generación tienen sólo 35 años, por lo que es previsible que en las siguientes tres décadas se genere un número creciente de pensiones al amparo de la Ley 73.
Estas pensiones son financiadas por el Gobierno Federal y pagadas a través del IMSS, quien las registra bajo el concepto de “pensiones en curso de pago”.
De acuerdo con un informe del IMSS, el gasto en que incurrirá el Gobierno Federal derivado de financiar las pensiones otorgadas al amparo de la Ley 73, para 2017, será de 221,000 millones de pesos, lo que equivaldrá a 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB), agregó.
Este gasto llegaría a triplicarse en términos reales para 2040, alcanzando los 715,000 millones de pesos. Si se supone un crecimiento real del PIB del 2%, el gasto anual en pensiones derivadas de la Ley 73 alcanzaría el 2.2%, en 20 años.
