La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró necesario mantener marcajes personales y un escrutinio permanente a la actuación de los notarios para evitar competencias desleales en el tema de vivienda.
Así lo señaló luego de se abriera la posibilidad de que todos los notarios puedan ofrecer servicios al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a fin de ampliar el padrón con el que actualmente se cuenta que es cerca de 1,800.
Al acudir como invitada de honor a la firma de convenio entre el Infonavit y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Sánchez Cordero destacó la necesidad de un escrutinio permanente de la actuación de los notarios.
Propuso premiar a los que realicen su trabajo en condiciones óptimas, con transparencia y eficacia, "sobre todo porque son escrituras en donde estoy entendiendo que va a haber honorarios razonables en beneficio de los acreditados, pues entonces también decirles que tampoco se van a valer competencias desleales".
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Frente al director del Infonavit y al presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Carlos Martínez Velázquez y Armando Javier Prado Delgado, respectivamente, la funcionaria recordó que el Instituto enfrenta más de 240,00 juicios apócrifos y fraudulentos.
Por otro lado, sostuvo que contar con una vivienda adecuada es la materialización de un sueño de millones de mexicanos, además es un paso indispensable para que se cumpla el ejercicio pleno de los derechos, por lo que es un deber constitucional del Estado promover las estrategias que permitan acceder a su compra.
"Nuestro tema fundamental para combatir al crimen y poder bajar los índices de violencia está en la reconstrucción del tejido social a partir de la familia", y qué mejor que sea dentro de la vivienda esta recomposición del tejido social y se avance nuevamente a recuperar los valores.
El convenio firmado este martes pretende mejorar la calidad de los servicios notariales, por lo que en este marco se exhortó a la regularización y escrituración de 77,000 créditos de personas afectadas por los llamados "juicios masivos", así como para abatir el rezago en la escrituración de viviendas con créditos otorgados entre 1972 y 2007.
