La Ciudad de México se convirtió en la segunda entidad del país, después de Jalisco, en contar con una legislación específica en materia de cuidados. La nueva Ley del Sistema de Cuidados reconoce el derecho a cuidar, recibir cuidados y al autocuidado. Además de establecer que estas tareas deben distribuirse entre el Estado, las familias y el sector privado.
Este avance local evidencia un reto en todo el país, donde la mayoría de las entidades todavía no cuenta con una legislación que organice la prestación de servicios, reconozca los derechos de las personas cuidadoras y se prepare para el envejecimiento de su población. En México existen aproximadamente 17 millones de adultos mayores que requieren cuidados. Sin embargo, cuatro de cada cinco no lo reciben, de acuerdo a con un análisis de Sherlyn Muñoz, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
A este rezago se suma la transición demográfica. Actualmente, una de cada 10 personas en el país tiene 60 años o más, pero las proyecciones estiman que para 2070 este grupo representará 34% de la población, lo que aumentará la demanda de cuidados de largo plazo y reducirá el número de personas disponibles para proporcionarlos.
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¿Qué busca cambiar la Ley del Sistema de Cuidados?
La legislación enfatiza el derecho al cuidado previsto en el artículo 9, inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad de México y plantea reconocer, reducir y redistribuir estas labores, con énfasis en aquellas que históricamente recayeron en las mujeres.
Entre sus objetivos se encuentra avanzar hacia la "desfeminización" de los cuidados, evitar que sean una responsabilidad exclusiva de las familias, reconocer su contribución económica y establecer progresivamente mecanismos de retribución para el trabajo remunerado y no remunerado. La ley también prevé la coordinación entre autoridades, empresas, organizaciones sociales y comunidades para ampliar los servicios y la infraestructura disponible.
Asimismo, reconoce derechos para las personas cuidadoras, como el acceso al descanso, al autocuidado, a la salud física y mental, a la capacitación, certificación y esquemas laborales que permitan conciliar la vida personal con el empleo. También busca facilitar su permanencia o reincorporación al mercado laboral sin discriminación por las responsabilidades de cuidado que desempeñan.
El gobierno capitalino deberá establecer acuerdos con el sector empresarial para promover medidas como trabajo a distancia, permisos por motivos de cuidado, licencias de maternidad y paternidad, reducciones consensuadas de jornada y otros esquemas de conciliación laboral.
¿Qué infraestructura y acciones contempla el nuevo sistema?
La implementación no se limitará al reconocimiento jurídico del derecho al cuidado. Como parte del despliegue anunciado para la administración capitalina, se prevé construir y habilitar espacios dirigidos a infancias, personas mayores, personas con discapacidad y personas cuidadoras. El plan considera:
- 100 nuevas Utopías
- 200 casas de las Tres R
- 300 centros de Cuidado y Desarrollo Infantil
- 200 casas de Día para Personas Mayores
- 200 espacios para personas con discapacidad
En conjunto, esta infraestructura tendría capacidad para atender a más de 100,000 personas cada año. También se anunció la creación de un sistema obligatorio de educación inicial para las infancias y la elaboración de la primera contabilidad oficial del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la capital.
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¿Qué actividades realizan las personas cuidadoras?
No obstante, el reto de redistribuir los cuidados también implica reconocer la diversidad y complejidad de las labores que actualmente se realizan dentro de los hogares.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, las personas cuidadoras llevan a cabo actividades como:
- supervisar y apoyar en actividades de la vida diaria, como baño, alimentación, vestido y movilidad
- acompañar y proporcionar contención emocional
- colaborar en el cuidado de la salud, incluida la toma de signos vitales y la compra o administración de medicamentos
- planear actividades rutinarias
- apoyar en las actividades del hogar
- resolver situaciones conflictivas relacionadas con el cuidado
Estas tareas pueden extenderse durante varias horas al día, lo que dificulta a quienes realizan estas acciones el mantener un empleo, continuar sus estudios o disponer de tiempo para descansar y atender su propia salud.
Asimismo, la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 estima que 58.3 millones de personas son susceptibles de recibir cuidados en los hogares. Además, 31.7 millones de personas de 15 años y más proporcionan cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares, de ellas, 75.1% son mujeres y 24.9% hombres.
¿Cuáles son los principales retos para implementar la ley?
De acuerdo con Sherlyn Muñoz los cuidados para personas adultas mayores recibieron menos atención que los servicios dirigidos a la primera infancia. Actualmente, en México existe solamente un establecimiento de cuidado para adultos mayores por cada 8,000 personas de 65 años o más, aunque la cobertura varía considerablemente entre entidades.
En la Ciudad de México existe un establecimiento por cada 10,000 personas adultas mayores, mientras que en el Estado de México la relación es de uno por cada 16,000. La investigadora sostiene que las entidades que envejecen con mayor rapidez son precisamente las que disponen de menos tiempo para ampliar su infraestructura y profesionalizar estos servicios.
Asimismo, el IMCO identifica cuatro desafíos centrales para convertir la legislación en un sistema funcional a nivel local y que otras entidades busque replicarlo:
- Coordinar a las dependencias: será necesario alinear presupuestos, recursos y acciones alrededor de objetivos comunes, evitando duplicidades o esquemas de simulación.
- Lograr acuerdos con otros actores: el gobierno capitalino deberá coordinarse con alcaldías, Congreso local, autoridades federales, sector privado y organizaciones sociales.
- Asignar presupuesto suficiente: el reconocimiento del derecho al cuidado tendrá que acompañarse de recursos progresivos para servicios, infraestructura, programas y personal.
- Fortalecer la participación ciudadana: el Consejo Consultivo deberá monitorear los avances y asegurar que sus propuestas se incorporen a las decisiones del sistema.
Aunque la Ciudad de México y Jalisco ya cuentan con una ley en la materia, el envejecimiento poblacional obliga a construir una respuesta nacional que distribuya la responsabilidad entre familias, empresas y Estado, profesionalice los servicios y evite que la ausencia de infraestructura continúe limitando el desarrollo profesional y económico de las mujeres.
