Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el gobierno del Reino Unido está orquestando una regulación específica de las monedas digitales que espera implementar junto con la Unión Europea (UE).
El departamento gubernamental británico responsable del desarrollo y ejecucIón de políticas fiscales y económicas busca exigir que las plataformas que comercian criptomonedas estén constreñidas a informar a las autoridades sobre transacciones sospechosas para que puedan ser validadas como legítimas. Su finalidad es acabar con el anonimato de las operaciones más importantes haciendo que este sistema deje de resultar una vía atractiva para la delincuencia.
En la UE llevan tiempo analizando el progreso de las criptodivisas, en especial el Bitcoin. En septiembre pasado, la Comisión Europea propuso una estrategia para combatir con más eficacia los ciberataques, incluyendo una agencia especial para fraudes y delitos cometidos con pagos virtuales.
La propuesta estaba basada en ampliar el alcance de las infracciones vinculadas con los sistemas de la información, la red y todas las operaciones de pago, tanto las efectuadas en efectivo y moneda corriente como las hechas con criptomonedas.
La novedad radica en que el departamento del tesoro británico pretende regular las criptodivisas, en el marco a gran escala de la UE, ajustando su normatividad en la lucha al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo para poder exigir a las plataformas que las ofrecen una diligencia debida sobre los clientes y sus transacciones.
Dentro del concepto de diligencia debida está la identificación de las personas físicas o morales que acuden a estos servicios, la recopilación de datos para identificar posibles testaferros o el seguimiento constante de las operaciones, dando aviso a las autoridades sobre operaciones que generen dudas. Todo ello representa el final del anonimato.
Entre 2015 y 2016, el Consejo de la UE se pronunció sobre las transacciones con criptomonedas especificando que se benefician de un grado de anonimato mayor que las transferencias de fondos financieros tradicionales y por tanto conllevan un riesgo de que estas puedan usarse por parte de organizaciones criminales o terroristas para ocultar transferencias financieras. Una postura que a la fecha no ha cambiado.
La propuesta de directiva señala que los riesgos posibles de operaciones con monedas digitales están aparejados con la irreversibilidad de las transacciones, medios de tratar las operaciones fraudulentas, la naturaleza opaca y tecnológicamente compleja de la industria y la falta de salvaguardas regulatorias. Se espera que las medidas comiencen a implementarse a finales de este año o principios de 2018.
Otros países no han permanecido ajenos a estos intentos regulatorios. En China, recientemente un fallo consideró que las ofertas iniciales eran ilegales. En Estados Unidos se busca mediante la Comisión de Comercio en Futuros ir implementando una regulación de las criptomonedas. En nuestro país por su parte está pendiente la llamada Ley Fintech, en donde también se incluirían directrices para las criptodivisas y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
