A mediados de 2018, Uganda estableció un impuesto al uso de las redes sociales y de las principales plataformas de comunicación. Por lo que para acceder a Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp o Skype los ciudadanos tendrían que pagar al gobierno, aproximadamente 30 pesos al mes.
La medida fue respaldada por el presidente Yoweri Museveni con argumentos como: “chatear en redes sociales es un lujo de gente disfrutando o siendo maliciosa” o “las personas las usan para mentir y luego no quieren contribuir con la riqueza del país de la que están haciendo mal uso”.
El ministro de finanzas ugandés refirió que: “buscamos dinero para mantener la seguridad del país y desplegar electricidad, para que la gente pueda disfrutar más de las redes sociales, de forma más frecuente”.
Los detractores del gobierno sostuvieron que la medida solamente iba encaminada a imponer la censura en línea. Ello debido a que el gobierno afirmó su intención de desarrollar redes sociales con control gubernamental.
La Comisión de las Comunicaciones de Uganda (UCC por sus siglas en inglés) presentó un informe donde se observa el impacto que el impuesto ha tenido en la población y este ha sido devastador.
En los primeros tres meses se perdió a tres millones de personas conectadas a Internet. El primer mes 50 % de los usuarios pagaron el impuesto, pero desde entonces decayó.
La libertad de expresión peligra en muchos países africanos, como es el caso de Egipto, donde el gobierno puede bloquear cuentas de más de cinco mil seguidores si detectan que han propagado noticias falsas; en Tanzania una ley grava con 930 dólares anuales a los bloggers que publiquen en línea.
En países con medidas restrictivas como China, el uso de redes virtuales privadas (VPN) es el mecanismo predilecto por los ciudadanos para conectarse a servicios bloqueados, como pudiese ser el caso de Uganda.
Muchos usuarios que siguen empleando Internet, en lugar de pagar el impuesto decidieron usar aplicaciones de VPN con las que superan la imposición gubernamental. Sin embargo, como se esperaba las teleoperadoras han incentivado la adopción de la norma.
