Si bien la Ley de Confianza Ciudadana tiene aspectos positivos, “también es cierto que puede prestarse a ser utilizada como un mecanismo de control político”, aseveró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Señaló que ve algunas lagunas en la Ley, por ejemplo, no aclara cuál será el procedimiento para las empresas que no quieran inscribirse en el registro, ya que rechazar ser parte de este padrón no significa que se esté incumpliendo con alguna obligación.
Recordó que la Ley de Confianza Ciudadana pretende fomentar la cultura de la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones de los negocios, a partir de que estos se registren -de forma voluntaria- en dicho padrón, con el argumento de combatir la extorsión y corrupción.
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Sobre el padrón de confianza ciudadana, derivada de la citada Ley, la Coparmex relató en un comunicado que este padrón es un registro propuesto por el gobierno para los ciudadanos y empresas, que sustituirá las revisiones que hacen los inspectores de las dependencias federales.
Explicó que habrá un sorteo, llamado “análisis estratégico”, para determinar las personas elegidas que sí serán inspeccionadas. Y en caso de que la revisión haya sido satisfactoria y se haya verificado el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales, recibirán un reconocimiento por parte de la Presidencia.
Sin embargo, la Ley establece diversas excepciones: seguridad nacional, la seguridad de la población, la seguridad alimentaria, constatar que cuenten con medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger la sanidad y la inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal.
Además, seguirá las inspecciones en temas de salud humana, el medio ambiente, los recursos naturales, los derechos e intereses del consumidor, las relativas al sector financiero y a la materia de armas de fuego y explosivos, así como la protección contra riesgos sanitarios.
Mientras que el padrón será vigilado por la Secretaría de Economía, que lo hará por medio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), dependencia que comprobará si aquellos que se inscribieron proporcionaron datos verdaderos.
