En Estados Unidos la presencia del COVID-19 ha tenido múltiples implicaciones, no solamente a nivel sanitario, también desde la parte delictiva, ya que ha abierto nuevamente el debate vinculado con el terrorismo.
La paranoia sobre cómo proteger la salud ha elevado la tensión en ciertos lugares porque varias personas han sido acusadas de cometer actos terroristas por “toser” en el lugar equivocado.
Ese fue el caso en Nueva Jersey de George Falcone, a quien se le imputó la comisión de ese delito por supuestamente toser intencionalmente sobre una empleada de supermercado al realizar sus compras. Según las autoridades, la empleada solicitó a Falcone que se alejara de los alimentos y de las personas al escucharlo toser, lo cual desató el altercado. De ser condenado podría tener una pena de hasta siete años de prisión y una multa de 26 mil dólares aproximadamente.
Otro caso similar fue el de Margaret Cirko, detenida también por toser sobre el pan y gritar posteriormente que tenía el virus y que todos los presentes se infectarían. El Fiscal General Adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Rosen indicó que quienes expongan al público en general o a un individuo en concreto a la enfermedad podrían ser acusados de terrorismo, pues el virus es catalogado como un “agente biológico”.
En México este tipo de casos, pudieran vincular otras conductas delictivas como el “peligro de contagio” o “perturbación del orden público”, pero dependerá mucho de cómo están tipificadas las conductas, en dónde se cometen, quiénes son los involucrados y demás factores que rodeen el caso en concreto. Igualmente, para más información sobre lo que es este complejo tema se invita a leer las notas respectivas en nuestra sección de Jurídico-Corporativo, disponible en la edición 462 del 30 de abril de 2020, disponible en formato digital.
