A pesar que desde hace dos años existe en el país un reglamento y una ley para el uso medicinal de la cannabis, en la realidad las familias mexicanas con pacientes que necesitan estos medicamentos recurren a una ardua labor de denuncia, trámites burocráticos y viajes al extranjero para importar productos derivados de la marihuana, señaló la activista y coordinadora de “Familias y Retos Extraordinarios”, A.C., Margarita Sandra Garfias Hernández.
En una charla con asistentes al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM denunció el nulo cumplimiento de las legislaciones sobre el uso medicinal de la cannabis, así como lo lento y contradictorio que es el proceso para lograr el uso regular de derivados medicinales de esa planta.
“No tenemos medicamentos, solo recetas y médicos especialistas, pero los pacientes y sus familias seguimos siendo criminalizados”, advirtió.
Garfias Hernández recordó que, en enero de 2021, el gobierno federal publicó el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, una norma que, en teoría, permitiría el acceso legal a medicamentos derivados de cannabis para los pacientes que lo requieran.
Garfias Hernández comentó que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) no le quieren entrar de lleno al tema.
Consideró que, para resolver el asunto, deberían coordinarse Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER ), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y todas las secretarías vinculadas.
Dijo que acceder a medicamentos en territorio nacional implica un trabajo intersecretarial, o sea, materializar los mecanismos necesarios para realizar los trámites debidos para comenzar a importar materia prima, desde las semillas, resinas, productos terminados de cannabis para poder producir aquí en México los medicamentos, y facilitar incluso los mecanismos de importación para los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos para uso personal.
Actualmente, dijo Garfias Hernández, unas 50 familias viajan a Colombia para importar medicamentos, lo que representa altos costos y violaciones al artículo cuatro constitucional, que garantiza el derecho a la salud, finalizó.
