La pandemia de COVID-19 ha acelerado el comercio en línea, relatando la necesidad de proteger a los consumidores a nivel internacional. En muchos países, las leyes actuales no contemplan normas de derecho internacional para la tutela de los consumidores afectados por productos y servicios defectuosos de proveedores extranjeros.
Además, la variedad de posibles fraudes en línea son variados, incluyendo ataques cibernéticos como spam, phishing y fraudes mediante suplantación o falsificación de sitios web, correos fraudulentos y ofertas en redes sociales.
Aunque México ha sido pionero en materia de protección y defensa de los derechos de los consumidores, su marco jurídico actual es insuficiente frente a estas amenazas. Si bien, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con un Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero, este se enfoca en consumidores extranjeros, dejando desprotegidos a los mexicanos que adquieren productos en el extranjero.
Por esta razón, los diputados han discutido una iniciativa para garantizar la protección de los consumidores frente a las nuevas modalidades de comercio.
¿En qué consiste la iniciativa?
La iniciativa busca reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) para proteger los derechos de los consumidores en el comercio electrónico extranjero.
Para ello, propone establecer como principio básico en las relaciones de consumo la implementación de medidas alternativas, administrativas y judiciales para asegurar reclamaciones justas, efectivas, transparentes, poco costosas, accesibles e imparciales para los consumidores.
Asimismo, busca facultar a la Profeco para coordinar actividades internacionales y lograr una amplia protección de los consumidores, cooperando con entidades homólogas extranjeras en el intercambio de información.
Promoverá la participación de la procuraduría en reuniones y foros internacionales y protegerá los derechos de los consumidores nacionales frente instancias y empresas internacionales, publicando en su sitio de web una lista de proveedores que violen de forma reiterada los derechos de los consumidores.
La iniciativa aún debe ser discutida y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados. Su aprobación representaría un paso esencial para fortalecer la seguridad y protección de los consumidores en las transacciones internacionales.
