El uso de la Inteligencia Artificial (IA) ha incrementado en los últimos años en diferentes áreas, incluso ha escalado a ámbitos como la administración de justicia para facilitar tareas, pero, ¿su intromisión puede ser tal que incluso podría sustituir a los jueces? En un conversatorio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la UNAM y otros expertos se pronunciaron al respecto.
Por ejemplo, el académico de la Universidad de Cantabria, España, José Ignacio Solar Cayón, dijo que en la Unión Europea “se trabajan normas y reglamentos” para que la IA mejore “la eficiencia y fiabilidad de la administración de justicia” a través de “diversas garantías”, es decir, solo sirve para “ayudar a los jueces en la toma de decisiones, nunca con el objetivo de suplantarlos”.
Sobre este tema, el coordinador de la línea de investigación institucional en derecho e IA en el IIJ, Pablo Pruneda Gross, recordó que en 2017, México planteó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas discutir este tipo de inteligencia, que “podría tener consecuencias favorables y/o desfavorables para la humanidad”.
Por su parte, la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, Ana María Ramos Serrano, recordó que la inteligencia artificial no es magia y tiene errores, por ello, Solar Cayón, agregó que en casi todas las naciones que trabajan con IA se usa para tareas de digitalización de expedientes y automatización de procesos.
Sobre este punto, el experto indicó que este tipo de tecnología sirve para “automatizar tareas dentro de la administración de justicia, interpretar hechos e incluso evaluar riesgos de reincidencia criminal”, así como en tareas procesales que no tienen un carácter resolutorio como la búsqueda, interpretación de hechos y aplicación del derecho a hechos concretos, es decir, “nunca” para suplantar a los jueces.
Cayón reiteró que para dichas actividades “se usan sistemas de codificación predictiva” de aprendizaje automático supervisado que requieren entrenamiento de un abogado experto en el litigio para que estos “puedan analizar enormes volúmenes de información electrónica procedente de documentos, fotos, videos, agendas, correos electrónicos, y clasificarlas” para un litigio.
En otros casos se usan “sistemas algorítmicos de evaluación de riesgos de reincidencia criminal” pero que pueden tener falta de transparencia o sesgos en los que los tribunales no pueden basarse pues deben considerar otras pruebas y razones, como ha ocurrido en Argentina con Prometea.
Ignacio Solar explicó que el sistema se usa para resolver asuntos del ámbito contencioso administrativo y sus “propuestas de sentencias son revisadas por la fiscalía antes de emitirlas”, pero es entonces solo un apoyo, no suplanta el trabajo de los jueces.
