Estrategias de compliance para prevenir riesgos y proteger la integridad legal y reputacional de organizaciones
Dentro de las necesidades que tiene una organización con o sin fin de lucro en la prevención de riesgos, tanto reputacionales, legales como económicos, es la posibilidad de implementar un programa estratégico de compliance integral, que comprenda aspectos éticos y normativos en materia corporativa, penal, administrativa, laboral, fiscal, seguridad social, e incluso, en aspectos de orden civil (obligaciones y contratos) o mercantil (comercial), pues en esencia el compliance se manifiesta a través de un conjunto de leyes y regulaciones, que fomentan la transparencia e integridad de las actividades empresariales.
Los expertos en cumplimiento corporativo, tenemos la oportunidad de ayudar a las empresas o negocios a blindarse y evitar alguna responsabilidad o problema legal, que podría surgir con posterioridad; por ejemplo, si advertimos vicios del consentimiento o ilicitud en el objeto, motivo o fin en la celebración de diversos tipos de contratos civiles, incluir cláusulas anticorrupción, transparencia o de imprevisión en documentos de arrendamiento, compraventa, hospedaje, depósito, fianza, prenda, hipoteca y prestación de servicios, por solo citar algunos.
Lo mismo ocurre en contratos mercantiles como la compraventa, consignación y transporte terrestre, dependiendo la actividad de la persona moral privada. Imaginemos un establecimiento que se dedica a comprar y vender vehículos, el cual utiliza dichos instrumentos, para tener la certeza jurídica de que las operaciones comerciales que realiza de manera constante cumplan con la normatividad aplicable y no sea un simple formato de otro país obtenido en internet.
Lo anterior, dificulta el cumplimiento de la obligación contractual, y más aún, su exigibilidad ante las autoridades judiciales civiles; o bien, si el clausulado no está debidamente redactado o es leonino, condicionando a la invalidez del contrato, provocando pérdidas a los dueños, socios o fundadores.
Similar situación acontece en la consignación mercantil, para evitar que reciban unidades con algún vicio oculto, como podría ser algún reporte de robo u otro ilícito.
Un supuesto recurrente en donde no hay de por medio un contrato o convenio, son los casos de hospitales o clínicas privadas, que rentan sus instalaciones para que profesionales de la salud externos realicen intervenciones quirúrgicas, representando un riesgo al surgir algún asunto médico legal producto de negligencia médica, ocasionándole además, un perjuicio al nosocomio por posible demanda, denuncia o queja; inclusive, afectación a la imagen en redes sociales o medios de comunicación.
Adicionalmente, existen establecimientos, despachos, estudios o consultorías que ofrecen reiteradamente sus servicios, sin realizar contratos de prestación de servicios profesionales; o bien, de contar con ellos, estos son imperfectos o defectuosos en su contenido, lo cual podría originar un problema al exigirse el cumplimiento de la obligación al usuario.
Ante tal escenario, el especialista en cumplimiento normativo advierte las deficiencias encontradas en la operatividad o logística y las corrige.
Un evento atípico que se presenta en las inmobiliarias que ofertan como servicio el arrendamiento de inmuebles, es el relativo a la extinción de dominio en temas de delincuencia organizada, secuestros, delitos contra la salud, trata de personas, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, por citar algunos; luego entonces, se puede establecer un candado a través de una cláusula especial en el contrato de arrendamiento, a efectos de evitar el inicio de un procedimiento de extinción de dominio y con el riesgo de perder hasta la propiedad.
La figura del oficial de cumplimiento es fundamental para brindar asesoría a todos aquellos que profesan el comercio, entre los que se encuentran los dueños de negocios y empresarios, mismos que deberán cumplir con sus obligaciones en materia mercantil; verbigracia, inscripción en el Registro Público de Comercio, mantener un sistema de contabilidad y conservación de la correspondencia acorde con el giro del comerciante, evitando sanciones aplicadas por instituciones como la Secretaría de Economía.
En empresas familiares que son la mayoría en distintos países, el oficial de cumplimiento tiene una labor esencial, al revisar que cuenten con un plan de sucesión, un consejo de administración o gobierno corporativo, además de un comité de auditoría y prácticas societarias.
El objetivo es la implementación de un programa de integridad, para mitigar los riesgos y acceder a los beneficios; por ejemplo, con proveedores al obtener créditos o financiamientos.
Es muy poco abordado el tema de las demandas civiles por daño moral empresarial y que puede surgir cuando se afecta la imagen o reputación de las organizaciones. El compliance officer, tiene como función otorgar asesoría o asistencia jurídica, para demandar ante los tribunales por los daños y perjuicios ocasionados a la organización; consecuentemente, no solo cuentan con un rol preventivo, sino de seguimiento y reacción ante la problemática planteada.
Las organizaciones de la sociedad civil deben cumplir obligaciones ante la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones, para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue el gobierno federal. Además, podrían ser sancionadas con apercibimiento, multa, suspensión o cancelación definitiva, sin perjuicio de las condenas civiles, penales o administrativas que dicten otras autoridades; por tanto, con un programa de integridad, reducirían en gran medida los riesgos que ello representa, aplicable también a las sociedades mercantiles en la formación y gestión de empresas, así como la responsabilidad de los directores.
Finalmente, una de las cuestiones que se derivan del papel crucial que desempeña el experto en cumplimiento normativo y de prevención de riesgos, es la posible responsabilidad civil, que por la implementación del compliance program, se podría derivar en el caso de que, la persona jurídica para la que desempeña sus funciones termine siendo sancionada. En esta circunstancia, es procedente accionar y demandar vía civil, así como al colegio al que pertenezca y lo haya recomendado.
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