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El reciente comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la investigación a 13 casinos involucrados en operaciones presuntamente vinculadas con lavado de dinerono solo reveló un caso concreto de riesgo financiero: confirmó porqué el sector de actividades vulnerables debe replantear la forma en que está aplicando sus obligaciones de cumplimiento.
El 11 de noviembre de 2025, la Secretaría informó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detectó en estos establecimientos operaciones inusuales en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, patrones compatibles con tipologías internacionales de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incluirlos en la lista de personas bloqueadas, una medida que se activa ante riesgos elevados e indicios de operaciones ilícitas.
Un caso que explica por qué existen las actividades vulnerables
Desde hace años, una parte de los sectores regulados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),ha reducido el cumplimiento en la materia a un ejercicio centrado en “mandar avisos”.
Esta visión limitada ha generado la percepción de que la supervisión es mínima; sin embargo, el caso de los casinos demuestra que los riesgos asociados a estas actividades no son hipotéticos.
Entre las conductas detectadas por la autoridad se encuentran:
movimientos millonarios en efectivo
transferencias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá
uso de plataformas digitales que utilizaban a personas con perfiles económicos bajos para dispersar fondos (amas de casa, estudiantes, desempleados), y
ocultamiento de beneficiarios reales mediante intermediarios que recibían comisiones
Estos patrones coinciden con tipologías identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), particularmente para el sector de apuestas.
Por ello, los casinos, al igual que inmobiliarias, notarios, arrendadores, joyerías, transportistas de valores y otras actividades contempladas en el artículo 17 de la LFPIORPI, son clasificados como vulnerables no por formalidad, sino por su capacidad real de servir como mecanismos para dispersar, ocultar o integrar recursos ilícitos.
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La conexión con la reforma a la LFPIORPI
El 16 de julio de 2025 se reformó la LFPIORPI para incorporar, entre otros aspectos, la obligación de implementar Enfoques Basados en Riesgo (EBR). Este cambio busca que el cumplimiento evolucione de un proceso meramente declarativo a un modelo preventivo, documentado y sustentado en análisis.
El hallazgo en los casinos es, en muchos sentidos, el ejemplo perfecto de lo que la reforma busca evitar: estructuras opacas, manejo de efectivo sin controles, plataformas sin trazabilidad y ausencia de análisis de riesgo sobre clientes, operaciones y canales.
Para los sujetos obligados, esto significa que entregar los avisos ya no es suficiente. El EBR exige identificar riesgos específicos, documentarlos, mitigarlos, actualizar controles, implementar verificaciones internas, y, sobre todo, demostrar capacidad para detectar patrones inusuales.
Lo que anticipa este caso: mayor supervisión y menor tolerancia
El comunicado también envía un mensaje indirecto al resto del sector: la supervisión está activa y se fortalecerá. Cuando la SHCP publica una investigación con esta magnitud, suele anticipar un incremento en auditorías y revisiones, especialmente cuando entren en vigor las reglas de carácter general derivadas de la reforma.
Si en el sector de apuestas se identificaron estos riesgos, es razonable esperar que giros con antecedentes de opacidad —como el inmobiliario, compraventa de vehículos, comercio de metales, arrendamiento o prestación de servicios profesionales— también sean objeto de revisión.
Para muchos sujetos obligados, este caso debería funcionar como un llamado de atención: el cumplimiento antilavado ya no puede limitarse a cargas formales. Con la implementación obligatoria del EBR, la supervisión se orienta hacia un modelo más técnico y preventivo.
El caso de los casinos es, hasta ahora, la evidencia más reciente de que la vigilancia existe y continúa intensificándose.
