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La inteligencia artificial (IA) avanza más rápido de lo que México ha logrado regularla. En muy poco tiempo, los modelos generativos, los algoritmos autónomos y los sistemas de decisión automatizada ya influyen en servicios públicos, procesos privados e incluso en actividades cotidianas.
Frente a este escenario, el Congreso de la Unión ha empezado a revisar distintas propuestas para crear la primera regulación integral de IA en el país. La idea principal es que la tecnología no opere en un vacío legal y que siempre respete principios de ética, transparencia, trazabilidad y derechos humanos.
Aunque las iniciativas siguen detenidas en comisiones, representan el primer intento serio de construir un marco jurídico moderno y compatible con estándares internacionales. A continuación, se presentan las dos propuestas que actualmente concentran la discusión.
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Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial
Impulsada por diputados de Morena, esta ley propone una regulación amplia que abarque tanto al sector público como al sector privado. Parte de una definición de IA que incluye aprendizaje automático, modelos generativos, sistemas autónomos y algoritmos capaces de tomar decisiones sin intervención humana directa.
Su pieza central es un semáforo de riesgos para clasificar cualquier sistema de IA que opere en México en: riesgo mínimo, riesgo limitado, alto riesgo, yprohibido. Dependiendo de la categoría, se activan obligaciones más estrictas.
Uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de derechos para las personas que interactúan con IA, como:
saber cuándo están frente a un sistema automatizado
conocer su finalidad y limitaciones
pedir intervención humana
obtener explicaciones comprensibles sobre decisiones importantes, e
impugnar resultados que les afecten
Además, impone deberes claros a quienes desarrollan, entrenan o implementan IA: evitar sesgos discriminatorios, documentar su funcionamiento, garantizar explicabilidad, establecer supervisión constante y realizar evaluaciones de impacto antes de lanzar un sistema.
En servicios privados, obliga a registrar previamente los sistemas, informar de forma clara a las personas usuarias y habilitar canales accesibles de apelación o reparación.
Para el gobierno, las exigencias aumentan: se requieren auditorías públicas, controles reforzados y prohibiciones expresas como el uso de IA para vigilancia masiva o decisiones automatizadas sin revisión humana en sectores sensibles como salud, justicia o educación.
Finalmente, prevé un régimen de responsabilidad objetiva cuando un sistema de alto riesgo cause daños: las instituciones deben responder incluso sin que exista dolo o negligencia.
Ley Nacional que Regula el Uso de la Inteligencia Artificial
Presentada por la senadora Juanita Guerra Mena, esta iniciativa está más enfocada en el uso gubernamental de la IA, aunque también fija obligaciones para empresas e instituciones cuando intervienen en trámites o servicios públicos.
Propone crear tres nuevas instituciones:
Agencia Nacional de Inteligencia Artificial,
Centro Nacional,y
Consejo Nacional
Estas entidades coordinarían la adopción de IA en el gobierno, definirían estándares tecnológicos y revisarían su implementación.
Un concepto clave de esta propuesta es la identidad digital; es decir, los datos con los que una persona interactúa con sistemas de IA. A partir de ello, establece principios que deben respetarse siempre: privacidad desde el diseño, proporcionalidad en la autenticación, transparencia, confidencialidad y usabilidad.
También fija requisitos tecnológicos obligatorios, como garantizar accesibilidad, mantener la neutralidad tecnológica y resguardar los sistemas de forma adecuada.
En temas de seguridad digital, exige planes de contingencia, respaldos constantes y bitácoras de acciones. Además, si un trámite usa IA, la autoridad debe informarlo claramente al usuario, citar las fuentes del modelo, verificar que no genere contenido ilegal y aplicar un protocolo ético durante todo el proceso.
Un objetivo común desde dos caminos distintos
Aunque cada iniciativa aborda la IA desde una perspectiva diferente, ambas coinciden en lo esencial: México necesita reglas mínimas para el uso de la inteligencia artificial que aseguren transparencia, supervisión humana, explicabilidad y mecanismos para corregir errores o sesgos algorítmicos.
Sin regulación, los riesgos aumentan: decisiones opacas, sesgos, falta de supervisión humana y daños difíciles de reparar.
Un proceso lento, pero inevitable
Aunque las iniciativas no han avanzado más allá de comisiones, su sola existencia muestra que ya se reconoce la urgencia del tema. El reto será analizarlas con seriedad, adaptarlas al ritmo acelerado de la tecnología y abrirlas al diálogo con la academia, la industria, los especialistas y la sociedad civil.
Incluso si estas propuestas cambian o se sustituyen, el debate ya empezó. Y eso, en un país donde la tecnología suele regularse tarde, es un avance importante.
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