La compraventa de inmuebles continúa siendo una de las decisiones económicas más relevantes para las personas y, al mismo tiempo, una de las más expuestas a riesgos jurídicos como son, fraudes, suplantación de identidad, documentos apócrifos o adeudos ocultos que suelen detectarse cuando la operación ya está avanzada, lo que incrementa la probabilidad de pérdidas económicas y conflictos legales.
En este contexto, soluciones tecnológicas del sector PropTech y LegalTech como Kallify comienzan a modificar la forma en que se evalúa el riesgo inmobiliario desde las primeras etapas del proceso.
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El fraude inmobiliario como riesgo recurrente
Durante entrevista con la Directora general de Kallify, Diana Sandoval, explicó que el fraude inmobiliario es un fenómeno persistente en el mercado, pese a que su impacto económico suele subestimarse.
“Es un problema que aqueja al sector, del que nadie habla más allá de estándares y métricas, pero del que pocas herramientas o acciones reales se conocen”, señaló Diana Sandoval.
Asimismo, datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) indican que cada año se pierden más de 600,000,000 de pesos por estafas relacionadas con operaciones inmobiliarias. Estos esquemas abarcan desde la recepción informal de anticipos hasta prácticas más complejas, como la suplantación de identidad o el uso de poderes notariales falsos.
Sandoval señaló que uno de los riesgos más comunes se presenta cuando las personas firman contratos privados sin haber revisado previamente la situación legal del inmueble, lo que puede derivar en penalizaciones contractuales y pérdida del enganche.
Falta de revisión temprana eleva costos en la venta o compra de inmuebles
Uno de las hallazgos en este tipo de operaciones es que los problemas jurídicos se detectan cuando el proceso ya se encuentra avanzado. En ese punto, explicó la directiva que revertir la operación resulta complejo.
En el mercado inmobiliario, los contratos de promesa de compraventa suelen exigir anticipos que rondan el 10% del valor del inmueble. Si la operación se cancela por irregularidades legales detectadas posteriormente, ese monto puede perderse, generando un impacto patrimonial relevante para las personas involucradas.
¿Cómo se aplica la revisión jurídica del proceso de compraventa?
Ante este escenario, Kallify planteó un cambio en la secuencia tradicional del proceso de compraventa, al incorporar la revisión jurídica desde el primer momento mediante una plataforma digital que vincula directamente al usuario con un notario.
“Acercamos al notario con el público en general para que resguarde su patrimonio, evite ser presa del fraude inmobiliario y revise que el inmueble que quiere comprar es realmente una inversión y no un problema”, enfatizó.
Este enfoque permite identificar desde el inicio posibles adeudos, conflictos de propiedad, inconsistencias registrales o documentación incompleta, antes de que exista un compromiso económico significativo.
Además de la prevención de fraudes, la revisión jurídica temprana tiene efectos operativos, pues en operaciones con crédito hipotecario, los tiempos promedio de cierre suelen extenderse alrededor de dos meses, pero al anticipar la revisión legal, los procesos pueden acortarse hasta la mitad del tiempo ya que se evita corregir problemas cuando la operación ya se encuentra avanzada.
Adopción de la PropTech y Legaltech para reducir contratiempos
Este modelo también impacta a otros actores del mercado, como vendedores y asesores inmobiliarios, al permitirles identificar si una propiedad se encuentra jurídicamente lista para una operación de compraventa, reduciendo riesgos y costos asociados a procesos fallidos.
Es por ello, que la adopción de soluciones PropTech y LegalTech orientadas a la revisión jurídica temprana responde a una necesidad del mercado inmobiliario para reducir la incertidumbre legal en operaciones que representan, para la mayoría de las personas la inversión patrimonial más importante de su vida.
