Una fotografía publicada en redes sociales, una imagen utilizada en una campaña publicitaria o un video difundido por un medio de comunicación pueden mostrar el rostro de una persona sin que esta haya autorizado su uso.
En estos casos, ¿la libertad de expresión permite utilizar la imagen de cualquier persona o existen límites que deben respetarse?
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en qué casos puede difundirse la imagen de una persona sin su autorización. A continuación, los detalles.
¿Qué es el derecho a la propia imagen y cómo se protege?
El derecho a la propia imagen permite a una persona decidir sobre el uso y la difusión de sus rasgos físicos que la hacen identificable, como su rostro.
Este derecho protege a las personas frente al uso no autorizado de su imagen, especialmente cuando se aprovecha con fines comerciales o para contenidos ajenos al interés público.
En México, la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) prevé como infracción en materia de comercio utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes, cuando la conducta se realiza con fines de lucro directo o indirecto (art. 231, fracc. II, LFDA).
Sin embargo, este derecho debe analizarse junto con las libertades de expresión, de imprenta y de acceso a la información, pues existen situaciones en las que la difusión de una imagen puede estar justificada.
¿Por qué la Corte analizó el uso de imágenes sin autorización?
El asunto se originó cuando una persona denunció ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que un medio de comunicación había utilizado su imagen sin consentimiento para promocionar una serie de televisión.
El Instituto determinó que se había cometido una infracción administrativa. Posteriormente, el medio impugnó la resolución, pero el tribunal encargado del juicio de nulidad confirmó su validez.
Ante ello, el medio de comunicación promovió un amparo en el que cuestionó la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la LFDA. Argumentó que estas disposiciones restringían indebidamente las libertades de expresión, de imprenta y el acceso a la información.
El caso llegó al Pleno de la SCJN, que analizó qué protección debe otorgarse a la imagen de una persona privada cuando entra en conflicto con dichas libertades.
¿Cuándo puede difundirse la imagen de una persona sin su consentimiento?
La Corte determinó en la jurisprudencia de rubro DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. SU PROTECCIÓN EN EL CASO DE PERSONAS PRIVADAS, con registro digital 2032845, que las libertades de expresión e información tienen una posición preferente dentro del orden constitucional debido a su importancia para la vida democrática. No obstante, aclaró que ello no significa que siempre deban prevalecer sobre los derechos de las personas.
Tratándose de personas privadas, es decir, aquellas que no se han colocado voluntariamente en una esfera de exposición pública, el derecho a la propia imagen tiene una protección reforzada. Esto se debe a que, por regla general, no cuentan con las mismas posibilidades de respuesta que una persona servidora pública o alguien con proyección pública.
Por tanto, la difusión no consentida de su imagen únicamente puede tener una justificación constitucional preferente cuando exista una relación acreditable con un asunto de interés público y la intromisión sea proporcional a la finalidad informativa.
Entre las circunstancias que pueden justificar esa difusión están aquellas en las que la imagen contribuye al debate democrático, al escrutinio de las instituciones o al conocimiento de hechos relevantes para la sociedad.
En cambio, cuando su utilización responde exclusivamente a la curiosidad, el sensacionalismo, el entretenimiento o un interés comercial, no opera la protección reforzada de las libertades de expresión e información.
¿Qué deben considerar las empresas y los medios antes de utilizar una imagen?
Antes de publicar fotografías o videos de una persona privada, las empresas y los medios de comunicación deben verificar si cuentan con su autorización o si la difusión está justificada por un asunto de interés público.
Y es que, en campañas publicitarias, materiales promocionales y contenidos comerciales, la intención de atraer espectadores, consumidores o lectores no basta, por sí sola, para justificar el uso no consentido de una imagen.
