Las medidas del gobierno federal, de una reducción de impuestos en la frontera norte y una amnistía fiscal en 2019, implicarían dejar de recaudar poco más de 291 mil millones de pesos (mmdp), de acuerdo con las organizaciones Oxfam México, Fundar y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Explicaron que con el objetivo de incentivar el desarrollo económico y generar una nueva relación entre el gobierno y los contribuyentes, la nueva administración planea reducir los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) en la frontera norte y no descarta implementar una amnistía fiscal en 2019.
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Con lo cual, consideraron, se reducirán la disponibilidad de recursos públicos y corren el riesgo de incrementar la evasión y elusión fiscal, además de la potencial pérdida recaudatoria que provocarían ambas políticas tributarias.
En el documento “Amnistía fiscal y reducción de impuestos en la frontera norte: impactos y estimaciones”, los organismos estimaron que con la reducción del IVA y del ISR en la frontera norte a 8% y a 20%, respectivamente, se dejaría de recaudar entre 83,148.2 y 104,411 millones de pesos, por lo que es necesario evaluar cada año los costos-beneficios.
Asimismo en caso de reducir el ISR en esa región del país, la nueva administración deberá establecer mecanismos que prevengan que los contribuyentes movilicen sus ingresos hacia la frontera norte con la única finalidad de pagar menos impuestos.
En tanto, de poner en marcha una nueva amnistía fiscal en 2019, sería el tercer sexenio consecutivo en condonar adeudos fiscales durante el primer año de gestión, lo cual beneficiaría a los grandes contribuyentes que ya se han beneficiado en amnistías anteriores.
Sin embargo, en está ocasión, la pérdida recaudatoria total podría significar entre 165,970 y 187,532 millones de pesos, mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo recaudaría entre 40,357 y 49,164 millones de pesos.
Para las organizaciones, una opción menos costosa consistiría en concentrar más esfuerzos en la recaudación de créditos que se encuentran en litigio, y en caso de implementarse, no deben condonarse adeudos de quienes hayan sido beneficiados en el pasado.
Así, la potencial pérdida recaudatoria por estas dos medias sería entre 249,118.2 y 291,943 millones de pesos, añadieron Oxfam México, Fundar y CIEP.
