El combate a las empresas fantasma han dado resultados a decir de la autoridad fiscal, pero este también ha afectado a los contribuyentes cumplidos, afirmó en el Foro IDC; Retos de la autorregulación empresarial, el maestro Juvenal Lobato, coordinador de la comisión de derecho constitucional y derechos humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Durante la ponencia “Evaluación de las acciones en contra de las empresas fantasmas”, analizó diversas medidas que el gobierno ha aplicado para acabar con esta práctica.
Desde el 2014 las autoridades han implementado una serie de reformas para contener y eliminar estas prácticas sin los resultados esperados, estipuló.
Indicó que la reforma al Artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, del pasado 16 de mayo de este año, ha dado “escasos resultados”.
De 2014 a junio de 2019 se identificaron cerca de 9,000 empresas que facturan operaciones simuladas y que emiten ocho millones de facturas con lo que suman 1.6 billones de pesos, lo que implica una evasión de 354,000 millones de pesos, el equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Recordó que apenas la semana pasada el Senado aprobó en lo general reformas legales para combatir a las empresas fantasma y el uso de facturas falsas, al imponer por esos ilícitos fiscales prisión preventiva oficiosa y catalogarlos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional.
Además de esto, mencionó que se presentó una iniciativa para que la defraudación fiscal por más de 7.8 millones de pesos sea catalogada como crimen organizado, mientras que la evasión fiscal que afecte las finanzas públicas se va a considerar como una amenaza a la seguridad nacional.
Concluyó que es un delito patrimonial, pero no de seguridad nacional, pero tendrán que revisarse los alcances de estas medidas con el paso del tiempo.
Juvenal Lobato Díaz es consultor y litigante en Fiscal y Constitucional, graduado con mención honorífica por la Facultad de Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y especialista en derecho tributario por la Universidad de Salamanca, España.
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