El sector patronal del país alertó de la “cacería de Brujas” y “actos discrecionales” que nuevamente pretenden implementar las autoridades hacendarias en contra de la actividad empresarial, al plantear modificaciones “agresivas” al Código Fiscal de la Federación, la Ley del IVA e ISR, así como del IESPS que afectan la seguridad jurídica de los contribuyentes, al criminalizar a la Iniciativa Privada.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que “alarman” los cambios agresivos al Código Fiscal de la Federación, en la reclasificación de operaciones del artículo 5-A, con el que se pretende dar categoría penal a una operación que antes sólo tenía consecuencias administrativas. “Una vez más, el ataque en contra de la compraventa de facturas parte del principio de que todos los contribuyentes realizan esas prácticas”.
“Nos preocupa que varias de esas reformas faculten la criminalización de la actividad empresarial. En la Confederación solicitamos que las reformas se enfoquen a los sujetos que realizan dichas prácticas, no a todos los contribuyentes”, pugnó el empresario en rueda de prensa virtual, de gira por Chihuahua.
Otro de los temas que inquietan es la suma de herramientas para la utilización de cámaras fotográficas, celulares, que vulneren la intimidad del contribuyente haciendo a un procedimiento formal de verificación de obligaciones fiscales a eventualmente una cacería de brujas, advirtió.
De Hoyos dijo que estos planteamientos ya se hicieron llegar a los legisladores para que sean rechazados, ya que “nos preocupa que se haga más tortuoso y generando obstáculos para que lleven a cabo la devoluciones de impuestos a partir de la ley “Gandalla”, que impide que la empresas compensen impuestos”.
La devolución eficiente y rápida de impuestos representa una parte importante de la viabilidad financiera de muchos contribuyentes, sostuvo. Por ello, “no podemos permitir que se elimine u obstaculice de raíz una devolución de impuestos por no haber localizado el domicilio fiscal, sobre todo cuando existe el Buzón Tributario, que permite ubicar al contribuyente”.
Con información de El Economista.
