Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y la de Trabajo y Previsión Social analizan la iniciativa presidencial sobre subcontratación laboral, donde se debatió el tema de cómo terminar con las defraudación fiscal.
Durante la mesa 3 “Reformas en Materia Fiscal”, del Parlamento Abierto de análisis a la iniciativa presidencial en materia de outsourcing, la diputada Patricia Terrazas Baca explicó: “Hay que revisar los temas inconstitucionales. El Código Fiscal de la Federación abre una nueva definición del esquema agresivo cuando ya hay conductas calificadas”.El procurador fiscal de la Federación, Juan Carlos Romero, explicó que la evasión implica una distorsión del sistema tributario; por ello, se busca terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación, que es el caso de la subcontratación de personal, y la simulación de prestaciones de servicios especializados.
“Esto trastoca los derechos fundamentales de los trabajadores y simultáneamente ocasiona graves perjuicios al fisco”, subrayó.
- la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha señalado que en México existen cerca de 6,000 empresas de subcontratación abusiva o ilegal que evaden el pago de impuestos por aproximadamente 21,000 millones de pesos al año
- se tienen detectadas 1,200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran 862,489 trabajadores que se ven afectados en sus derechos laborales
“Es nuestra responsabilidad exigir una competencia leal en todos los aspectos del comercio y sólo a través de estas exigencias estaremos fomentando la inversión en nuestro país”, aclaró Romero.
Representantes de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Comisión Fiscal del propio organismo y de la Comisión de Enlace Legislativo de este Consejo, manifestaron que entre sus preocupaciones están los temas de vigencia y registro, lo que causaría inseguridad jurídica.
El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación estimó que debe hacerse una disposición transitoria en todos los temas fiscales con un régimen ordenado, porque los cambios de manera abrupta afectarán los intereses de los trabajadores.
Representantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos precisaron que es conveniente un periodo de transición, porque de lo contrario habrá consecuencias no deseadas, incluso para el propio Ejecutivo y hacia las empresas porque tendrán que modificar su modelo de negocios.
