La Ley de Seguridad Interior – promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre- no se aplicará en tanto la Suprema Corte de Justicia decida sobre su constitucionalidad, anunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
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“Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde (jueves), es especialmente sensible para la vida pública del país, por eso no emitiré declaratoria de seguridad interior (...) hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo en un acto televisado.
La norma, que entraría en vigor el viernes, y que fue fuertemente criticada por defensores de los derechos humanos y Naciones Unidas, amplía las facultades de las Fuerzas Armadas cuando se determine que existe una amenaza a la seguridad interna, además de que regula su extendida lucha contra organizaciones criminales.
Asimismo contempla, entre otras medidas, la intervención de militares y marinos para controlar protestas.
Por lo anterior, críticos creen que la ley provocará más violaciones a los derechos humanos y violencia, así como abusos por parte de las Fuerzas Armadas, que fueron acusadas en distintas ocasiones de ejecuciones arbitrarias, torturas y otros delitos.
El Ejército mexicano había solicitado un ordenamiento para regular su operación y al mismo tiempo un mecanismo que fije una fecha para regresar a sus cuarteles pues la institución no fue creada para combatir a cárteles de la droga y otros delitos, algo que la nueva ley no incluye.
