El sector de la construcción es "una de las actividades vulnerables (al lavado de dinero), donde es más riesgoso que entre dinero mal habido, dinero del narcotráfico, a ese tipo de operaciones", aseguró el experto en tecnologías de la información dedicadas a prevenir el blanqueo de capital, Octavio Maynez.
De acuerdo al International Narcotics Control Strategy Report 2019, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el segmento inmobiliario de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para limpiar dinero.
A su vez, la ONU reportó que en México se blanquean entre 25 mil millones de dólares (mmdd) y 62 mmdd al año, es decir, en promedio un estimado de 50 mmdd, lo que coloca al país en el tercer lugar en este delito después de China y Rusia.
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Mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) estimó que en los últimos siete años México exportó más de 514,000 millones de dólares de procedencia ilícita.
Al tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que en lo que va de esta administración se presentaron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales, relacionadas con corrupción, "huachicoleo" y trata de personas, que representan casi 50 mil millones de pesos (mmdp).
Maynez explicó que la delincuencia organizada utiliza varias técnicas para el blanqueo de capitales, como el uso de prestanombres para la compra de propiedades o la contratación de hipotecas, la compra-venta de propiedades con valores alterados, es decir por encima de su precio de mercado al comprar y por debajo de éste al vender, así como el uso de fondos ilícitos para construir o remodelar con fines de venta o alquiler.
Recordó que cuando entró en vigor la ley contra el lavado de dinero hace seis años se identificaron las actividades que eran más susceptibles a esta práctica, "y una de ellas a nivel mundial siempre ha sido el tema de la construcción, al que es muy fácil que se vaya inyectando dinero y se vaya metiendo a la economía formal".
Ante esto, Octavio Máynez consideró importante que las empresas refuercen sus operaciones desde las áreas de "compliance", que son las encargadas de los procedimientos y buenas prácticas para la identificación y prevención de riesgos.
De esta manera, las empresas del ramo pueden blindarse contra posibles quebrantos por incumplimiento de la ley, que a la vez generan multas, lo que ha provocado una afectación negativa de 5.5% en la edificación con fines de vivienda, industria, comercio y servicio, escuelas y hospitales, durante la primera mitad del año.
Consideró que los riesgos crecientes obligan a las empresas a organizar de mejor manera su información financiera mediante métodos que alerten sobre el incumplimiento de los requisitos legales, y en caso de un requerimiento por parte de la autoridad se cuente con un expediente completo.
En este contexto, apuntó que de 2013 a la fecha apenas 50% de los sujetos obligados cumple con la ley antilavado, y de ese total 40% lo hace mediante un software; el 60% todavía lo hace de manera manual, lo que implica un mayor factor de riesgo de incumplimiento.
Afirmó que el uso de la tecnología mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones, y ahorra hasta en un 50% los costos y el tiempo para el cumplimiento de las leyes, por lo que la transformación digital es un elemento clave para la prevención del lavado de dinero.
