Tener hijos no solo afecta a las familias, afecta a la
economía
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El fin del bono demográfico es un riesgo macroeconómico. La caída de la natalidad en México reducirá la base tributaria y disparará la presión fiscal por el pago de pensiones
Durante décadas, el modelo económico global operó sobre una base demográfica de jóvenes trabajadores que financiaban el retiro de las generaciones mayores. Hoy, la estructura poblacional registra una inversión que altera las finanzas públicas a nivel internacional. El descenso demográfico constituye un factor de riesgo macroeconómico.
En México, los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sus estimaciones de recaudación indican que la caída en la tasa de natalidad incrementa la presión presupuestaria a mediano y largo plazo.
Para medir el impacto económico, es necesario analizar las estadísticas demográficas. Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmaron el término del bono demográfico en México. La edad mediana de la población mexicana pasó de 29 años en 2020 a 31.5 años en 2025.
La Tasa Global de Fecundidad descendió a 1.2 hijos por mujer en 2024, frente al 1.9 registrado en 2019. Esta métrica ubica al país por debajo de la tasa de reemplazo poblacional (2.1). Las entidades federativas muestran variaciones: la Ciudad de México registra 0.8 hijos por mujer, Nuevo León 1.0 y el Estado de México 1.1. En contraste, Chiapas y Oaxaca mantienen tasas de 1.8 y 1.7, respectivamente.
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) proyecta que la población mexicana se estancará hacia 2053, con 147 millones de habitantes, para posteriormente registrar una contracción neta. El índice de dependencia de la vejez —la relación entre personas mayores de 65 años y personas en edad de trabajar (15 a 64 años)— se duplicará en las próximas dos décadas. En términos fiscales, la Población Económicamente Activa (PEA) comenzará a reducirse, limitando la base tributaria disponible para sostener el aparato estatal.

El envejecimiento poblacional reconfigura el gasto público. Al disminuir los nacimientos, la demanda de servicios pediátricos y de educación básica se reduce, pero se incrementan exponencialmente los costos asociados a la geriatría y las enfermedades crónico-degenerativas.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calcula que el gasto en pensiones en México sumará 2.5 billones de pesos para 2027, lo que representa más del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente, el 80 % del presupuesto federal se encuentra etiquetado en rubros obligatorios: pensiones, servicio de la deuda externa e interna, y participaciones estatales. Esto deja al Gobierno Federal con un margen fiscal de maniobra de 1.6 % del PIB para el resto de sus operaciones.
La transición demográfica también impacta a los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El tratamiento de enfermedades como diabetes, hipertensión y padecimientos oncológicos en la población de la tercera edad requiere un presupuesto por paciente hasta cuatro veces superior al de la medicina preventiva para jóvenes.
Menos nacimientos se traducen en menos contribuyentes a futuro. Ante esta pérdida de recaudación, las administraciones gubernamentales contemplan medidas como el incremento de tasas impositivas al consumo (IVA) o al ingreso (ISR), o la reducción de partidas destinadas a obra pública. Los fondos presupuestados para la modernización de infraestructura energética, hídrica y de transporte se están reasignando al pago de obligaciones pensionarias.
Las finanzas de las economías desarrolladas operan bajo esta misma coyuntura. De acuerdo con el Banco Mundial, la reducción de la fuerza laboral resta hasta un punto porcentual al crecimiento del PIB anual en países industrializados.
Distintos gobiernos han aplicado incentivos financieros: transferencias de efectivo por nacimiento, subsidios para la adquisición de vivienda y extensiones en las licencias parentales. El impacto estadístico de estos programas ha sido marginal. Las transferencias de capital no han modificado la tendencia demográfica a largo plazo, ya que el costo de crianza supera los subsidios estatales.

Las encuestas demoscópicas detallan que el retraso o la cancelación en la formación de familias responde a variables financieras. Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado en 2026 expuso que el 88 % de los jóvenes encuestados (18 a 35 años) condiciona la paternidad a la obtención de seguridad patrimonial previa.
En México, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizan este fenómeno bajo el concepto de “infertilidad estructural”. El estancamiento de los salarios reales, la inflación en la canasta básica y la informalidad laboral (que supera el 54 % de la PEA) limitan la capacidad adquisitiva.
Dos factores económicos encabezan los motivos para no tener hijos en las encuestas nacionales:
A esto se suma la variable de género en el mercado laboral, conocida en economía como la “penalización por maternidad” (motherhood penalty). Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que, en América Latina, los ingresos de las mujeres se reducen en promedio un 30 % durante la década posterior al nacimiento de su primer hijo, mientras que los ingresos de los hombres en la misma situación se mantienen estables o aumentan. Ante la ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados financiado por el Estado, la responsabilidad recae en las mujeres, quienes optan por postergar la maternidad para no comprometer su trayectoria profesional y salarial.
La contracción de la natalidad responde a la adaptación financiera de la población joven frente a los salarios, el sector inmobiliario y el costo de vida. Las finanzas públicas requerirán estrategias estructurales que trasciendan los bonos por nacimiento.
Las recomendaciones de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a la formalización del empleo, las regulaciones en los mercados de vivienda, el desarrollo de infraestructura pública de cuidados infantiles y reformas fiscales que equilibren las obligaciones tributarias. El manejo de la deuda pública, la inversión en automatización y la reestructuración del gasto en salud y pensiones definirán la solvencia de las economías soberanas en las próximas tres décadas.