Un Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) emitió un criterio que precisa que la acción de pago de la prima de antigüedad prescribe en un año contado a partir de la terminación de la relación laboral.
Según el órgano judicial, la referida acción prescribe en un año y en dos meses las acciones en contra de un despido injustificado; por ende, la acción por despido no determina en sí misma la prescripción de la prima de antigüedad (arts. 516 y 518, Ley Federal del Trabajo –LFT–).
El criterio diferencia dos plazos de prescripción que en ocasiones se confunden, ya que en la realidad el patrón tiende a concebir la idea de que se alegue la prescripción de dos meses respecto de todas las prestaciones que fuesen reclamadas por haberse alegado el despido injustificado; no obstante, la tesis aislada enfatiza cuándo opera la pérdida del derecho a la indemnización, y a la prima de antigüedad. A continuación, los detalles:

¿Por qué es relevante este criterio?
La tesis es relevante porque separa los plazos prescriptivos de las acciones de despido y la de pago de la prima de antigüedad, destacando el reconocimiento al derecho a recibir ese concepto, sin que dependa de otras pretensiones dentro del mismo juicio.
Adicionalmente, la tesis aislada abre la posibilidad de que la autoridad judicial analice la prescripción “prestación por prestación”, sin dejar que la acción de pago de la prima de antigüedad dependa de que prosperen otras acciones ejercidas en el juicio.
Por ejemplo, un colaborador fue despedido en marzo y presentó hasta septiembre la demanda de indemnización constitucional y pago de la prima de antigüedad. El patrón da contestación oponiendo la excepción de prescripción fundándola en el artículo 518 de la LFT, en razón de que el ex trabajador la interpuso pasados más de dos meses del despido.
Aquí la excepción estaría fundada frente al despido, pero no lo estaría en cuanto a la prima de antigüedad porque la demandada únicamente invocó la prescripción respecto de la acción contra el despido al haber transcurrido siete meses.
La aportación del criterio consiste en no permitir considerar “si prescribió el despido, prescribió todo” y el reconocimiento de la autonomía a la acción de pago de la prima de antigüedad que crea la posibilidad de reclamar ese concepto de forma expresa y separada.
Asimismo, da lugar a la idea de una defensa patronal más detallada, en la cual se opongan y fundamenten las excepciones “prestación por prestación”.
Debe tenerse presente que se trata de una tesis aislada, por lo que su utilidad radica principalmente en cómo atribuye autonomía a la acción de pago de prima de antigüedad y no en establecer una jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales.